Harvard enfrenta al gobierno de Trump por restricciones a estudiantes internacionales
La Universidad de Harvard presentó una demanda contra la administración de Donald Trump luego de que el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Kristi Noem, revocara su autorización para inscribir a estudiantes extranjeros, una medida que pone en riesgo el futuro académico de miles de alumnos.
El conflicto surge después de que Harvard rechazara las exigencias del gobierno federal de someter sus procesos de admisión y contratación a una supervisión externa. Trump criticó duramente a la institución, a la que acusa de promover el antisemitismo y una ideología progresista.
En represalia, su administración tomó medidas drásticas: amenazó con revisar los 9 mil millones de dólares en fondos federales destinados a Harvard, congeló una primera partida de 2 mil 200 millones en subvenciones y 60 millones en contratos públicos, e incluso deportó a un investigador de su Facultad de Medicina.
En la demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, la universidad denuncia que esta acción es “el último acto del gobierno en clara represalia por el ejercicio de los derechos de Harvard, amparados por la Primera Enmienda, al rechazar las exigencias del gobierno para controlar la gobernanza, el currículo y la ‘ideología’ de su profesorado y estudiantes“.
La medida afectaría gravemente a la institución, donde más de una cuarta parte del alumnado es internacional y paga matrículas que superan los decenas de miles de dólares anuales.
“Ilegal e injustificado”: Harvard pierde acceso al sistema SEVIS
El veto se materializó con la revocación de la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), esencial para que los extranjeros puedan estudiar en EE.UU. con visados F o J. Esto impediría que la universidad admita nuevos estudiantes internacionales para el ciclo 2025-2026.
Aunque un juez federal ordenó la suspensión temporal a nivel nacional de cualquier revocación de estatus migratorio para estudiantes extranjeros, aún no está claro si esta medida protegerá a los matriculados en Harvard.
Alan Garber, presidente de la universidad, calificó la decisión del gobierno como una “acción ilegal e injustificada” y advirtió que “pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard, además de servir como advertencia para quienes en otras universidades vinieron a EE.UU. a cumplir sus sueños”. Garber confirmó que la institución presentará una solicitud de orden de restricción temporal para frenar la medida.
Acusaciones de antisemitismo y vínculos con China
Noem justificó la decisión afirmando que el gobierno “responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus”.
Los estudiantes chinos, que representan más del 20% del alumnado internacional de Harvard, son un grupo particularmente afectado. El gobierno chino reaccionó, señalando que la medida “solo dañará la imagen y la posición internacional de Estados Unidos”. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, reiteró que China “se opone a la politización de la cooperación educativa”.
Mientras tanto, algunos estudiantes, como Karl Molden, un austriaco de 21 años que estudia literatura clásica, ya buscan alternativas. Molden, quien describió su admisión en Harvard como el “mayor privilegio” de su vida, solicitó su traslado a la Universidad de Oxford por temor a las políticas migratorias de EE.UU.
La Asociación de Profesores Universitarios de Harvard tachó la decisión gubernamental como “la más reciente de una serie de medidas abiertamente autoritarias y de represalia contra la institución de educación superior más antigua del país”.