POCAS reformas legislativas deberían realizarse con tanta atención y esmero como las que atañen a la educación. El compromiso que una nación establece con los más jóvenes expresa con claridad el conjunto de ideas y valores que hacen posible el pacto social y de futuro. Por este motivo, la prudencia, el respeto al juicio experto y la vocación de consenso deberían ser componentes indispensables de cualquier iniciativa que asuma la enorme responsabilidad de determinar el modo en que el que se educarán las próximas generaciones. El Ministerio de Educación ha desvelado el borrador del real decreto que aspira a modificar profundamente las pruebas de acceso a la universidad. La nueva versión del texto enmienda de forma definitiva la primera versión que proponía la creación de una prueba de madurez, aunque mantiene el enfoque competencial en detrimento de los contenidos memorísticos. En aquella propuesta, la evaluación de destrezas lingüísticas quedaba circunscrita a un único examen en el que a partir de una serie de documentos (textos, tablas o infografías) se realizarían un total de veinticinco preguntas cerradas o semicerradas y tres abiertas, alterando el formato tradicional que durante décadas se había mantenido esencialmente inalterado. Aquel proyecto innovador sufrió una contestación casi inédita por parte de los grupos de interés. La RAE, la Red Española de Filosofía o la asociación Escritores con la Historia se vieron obligados a criticar el borrador advirtiendo de los riesgos que entrañaba una reforma que, a todas luces, se demostró improvisada. La opacidad con la que se tramitó la primera versión del real decreto y la falta de atención a quienes cotidianamente lidian con la realidad educativa evidenció que aquel proyecto partió de unas premisas equivocadas. Que instituciones de tanto prestigio fueran capaces de formular un juicio unánimemente crítico con aquel examen da cuenta del modo en el que se inició la reforma. En el día de ayer, el Ministerio de Educación compartió con las comunidades autónomas un nuevo borrador que fue distribuido a las cuatro de la madrugada. El nuevo documento, que previamente se había filtrado a un medio de comunicación, da marcha atrás y no menciona la polémica prueba de madurez, aunque introduce cambios que siguen siendo de calado. Ser capaz de enmendar los errores es un síntoma de lucidez. Sin embargo, en las últimas semanas el Ejecutivo está normalizando el proceso de ensayo y error como una práctica legislativa sin que ninguna persona asuma responsabilidades de carácter político. El proceder errático del Gobierno, tanto en esta reforma como en la ley de educación o en la ley de universidades, desvela una mala 'praxis' que, aunque ahora es imputable al actual Ejecutivo, bien merecería ser considerada como un mal endémico en nuestra cultura política. La educación es una cuestión lo suficientemente sensible como para que se arbitraran cuantos mecanismos de diálogo fueran necesarios para poder pactar, de una vez por todas, una reforma integral que respondiera con ambición y altura de miras al reto que plantea. Nuestros niños y nuestros jóvenes merecen un pacto de Estado desde el que responder a su interés formativo y cutlural. Mientras la ideología y los intereses de partido sigan obstruyendo una legislación responsable, estaremos incurriendo en una deuda de imposible reparación con los españoles del futuro.
