Marlaska defiende ahora a los 46 policías procesados por el 1-O: "Actuaron con proporcionalidad"
En medio de la polémica por la ley de amnistía y las maniobras del Ejecutivo por "trocear" el delito de terrorismo en el "caso Tsunami", ayer la Audiencia de Barcelona decidía enviar a juicio a 46 agentes de la Policía Nacional, procesados por las cargas del 1-O. Y lo hacía tras rechazar todos los recursos de apelación y no entrar a valorar los argumentos de los mismos porque son "idénticos en gran parte de su contenido".
Así, la Sección 3ª del Alto Tribunal ratifica la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la Ciudad Condal, Francisco Miralles, quien consideró que había indicios suficientes de que los agentes investigados protagonizaron episodios de violencia "innecesaria" y "gratuita". En concreto, el magistrado señalaba que los policías podrían haber incurrido en algunos de los delitos previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, "sin perjuicio de la calificación final de los mismos, que esta resolución no puede limitar ni condicionar", y que hacen referencia a torturas y atentados contra la integridad moral de las personas.
Una sentencia que parece no haber gustado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ahora defiende a los 46 policías investigados: "Estoy absolutamente convencido de que nuestros hombres y mujeres actuaron con la proporcionalidad necesaria". En este sentido, el titular de Interior ha manifestado que "acata y no discute" la resolución judicial, pero tiene claro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron con proporcionalidad en las cargas policiales, que tuvieron lugar durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
En este punto, Grande-Marlaska ha hecho hincapié en que los agentes evalúan "en todo momento" sus actuaciones, más si cabe cuando tienen que hacer frente a momentos de "máxima sensibilidad".
Policías y delincuentes en el mismo saco
Sea como fuere, hay que destacar que la decisión de la Audiencia de Barcelona llega en plenas negociaciones para la aprobación de la ley de amnistía, que incluiría también a los agentes procesados. De hecho, la resolución judicial establece que deberá ser el plenario quien acabe dictando sentencia, "si es que el juicio llega a celebrarse".
Sin embargo, la cuestión de la libre absolución gracias a la ley de amnistía no es algo que forme parte del ideario de los agentes. Ya en su día, calificaron como "una falta de respeto" la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de incluir en esa futura norma a los policías nacionales imputados por su participación en el dispositivo policial del 1-O.
"Es un despropósito que se meta en el mismo saco a los delincuentes que intentaron dividir a España con un referéndum ilegal, que a los policías que acudieron allí por una orden política y en cumplimiento de un mandato judicial a defender la unidad de España, la Constitución Española y el Ordenamiento Jurídico", manifestaron desde los sindicatos.
Y es que, a su juicio, "en un plano estrictamente policial, reiteramos que la amnistía -cualquiera, sea del tipo que sea- es una herramienta legal que erosiona gravemente nuestro trabajo porque traslada la equivocada idea de que la comisión de un delito puede salir gratis y puede quedar impune".