Luz verde en Barcelona para obligar a los promotores a hacer VPO

La pretensión del Ayuntamiento de Barcelona de obligar a los promotores de vivienda a cederle un 30% de la obra nueva o de grandes rehabilitaciones para destinarla a protección oficial superó esta tarde un primer obstáculo. A cambio de que la medida no entre en vigor de forma inmediata, sino cuando reciba el visto bueno de la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, la iniciativa recibió ayer luz verde de la comisión de urbanismo municipal al conseguir los votos favorables de BComú, ERC, PSC y la CUP. El PDEcat y Ciudadanos se abstuvieron y el PP votó en contra. El cambio implicará una modificación del Plan General Metropolitano (PGM). Con una construcción media de 1.000 pisos al año, la medida prevé generar para VPO unas 300 viviendas. La medida es fruto de la moción que se aprobó en febrero con el apoyo de todos los grupos -a excepción del PP- a iniciativa de entidades como la PAH, el Sindicato de Inquilinos o la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), y entre cuyas medidas se incluía precisamente la de reservar un 30% de todas las promociones a protección oficial. Para la alcaldesa Ada Colau, la medida implica un «cambio de paradigma» y «aunque no se para la especulación ni el negocio, se obliga a los operadores privados, que hasta ahora no han asumido ninguna responsabilidad por el dolor que han causado, a corresponsabilizarse». Colau acusó a los promotores de haber obtenido «beneficios obscenos». Los promotores, por su parte, advierten de que la medida solo implicará una subida de precios al tener que repercutir sobre las viviendas de mercado libre el perjuicio que les supondrá la reserva de VPO. La alcaldesa reconoció que «no será suficiente» y reclamó a la Generalitat un decreto para cambiar la normativa actual de vivienda protegida, que permite que al cabo de 20 años o 30 años pueda ser vendida a precios de mercado. De igual modo, se reclama una ampliación de tres a cinco años de los contratos de alquiler, algo que la Generalitat, aunque asumiendo que entrará en conflicto competencial con el Gobierno, pretende legislar.