El Gobierno dará directrices a las comunidades para regular las viviendas turísticas

El Gobierno pretende acabar con el caos normativo que rodea a las viviendas de uso turístico. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado este miércoles que se incluirá en la reforma de la Ley de Arrrendamientos Urbanos (LAU) una «definición» de piso turístico que servirá como referencia cuando las regiones impulsen nuevas normativas en este ámbito.


Además, se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para dar más poder a las comunidades de vecinos afectadas por esta actividad. Hasta el momento, solo se puede vetar una vivienda turística si es rechazada por el bloque de forma unánime.


Según Maroto, hasta el momento las regiones han «regulado a ciegas». Así se lo han hecho saber las propias comunidades en la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada esta mañana. Un encuentro que llevaba tres años sin producirse y en el que, según la titular de Industria, ha habido «voluntad de diálogo».


Hay que tener en cuenta que, debido al auge de plataformas como Airbnb, las comunidades han impulsado distintas normas para poner límites a esta actividad. Como consecuencia, la legislación varía en función del territorio. Mientras ciudades como Valencia y Madrid condicionan su uso a la altura del inmueble, regiones como Baleares planean directamente prohibir este tipo de viviendas.


«Queremos que la reforma sea fruto del consenso», ha destacado Reyes Maroto, quien ha puntualizado que para la confección de la futura definición de vivienda turística también se contará con hoteles y plataformas.


Junto a los cambios normativos relacionados con los pisos turísticos (cuya competencia seguirán teniendo las comunidades), el Ministerio tiene previsto poner en marcha un plan contra la explotación laboral y fomentar la digitalización del sector. «Hay que aunar esfuerzos para lograr un turismo de calidad, una petición que nos han hecho todas las comunidades», ha señalado la ministra.