La Comunidad de Madrid financió con 370.000 euros el instituto de la Rey Juan Carlos mientras estudiaron Casado y Cifuentes

La Comunidad de Madrid destinó 369.723 euros al Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos entre los años 2008 y 2011. Esta cantidad fue obtenida durante los años en los que Pablo Casado (2008/09) y Cristina Cifuentes (2011/12) se matricularon en el máster de derecho autonómico. La Comunidad ya financia la propia universidad pública con unos 120 millones de euros anuales. 

Varias consejerías del Gobierno regional, dirigido en aquella época por Esperanza Aguirre, colaboraron con el departamento (una empresa al margen de la universidad que funcionaba de manera opaca) que organizó el máster de estos dos políticos populares. En estos años financiaron algunos de sus proyectos, como programas de cooperación, realización de investigaciones o financiación de plazas para que algunos de sus funcionarios asistieran a un curso de especialización de arbitraje y el posgrado de derecho público del Estado autonómico.

Ocho de los 21 compañeros de la promoción de Cifuentes tenían su matrícula pagada por la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo destinó 12.000 euros para abonar esas plazas – a 1.500 euros la matrícula – amparado en el plan de formación para empleados públicos de la región. Ninguno de estos estudiantes figura en la lista de los diez alumnos VIP que obtuvieron convalidaciones a través de un acta que tenía firmas falsificadas. El Gobierno de Aguirre también aportó 13.500 euros para financiar nueve plazas de este posgrado en el curso anterior (2010-2011).

Dos promociones del máster 

Según la información obtenida tras una petición al portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, tras el curso en el que participó Cifuentes (2011-2012) esta administración regional no volvió a abonar la matrícula de sus empleados en este polémico máster que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

El Gobierno regional también financió la matrícula de alrededor de medio centenar de funcionarios de la Comunidad de Madrid para un curso de especialización de arbitraje. En el año 2009, 2010 y 2011 el Instituto Madrileño de la Administración Pública (IMAP) firmó con el Instituto de Derecho Público un acuerdo para impartir esta formación. Este convenio supuso 117.160 euros para las arcas públicas. Los cursos consistían simplemente en charlas de expertos, algunos de la propia Universidad Rey Juan Carlos.

En la edición del 2009 se inscribieron diez trabajadores, a un coste de 2.520 euros cada matrícula (más caro que el máster), se destinaron 25.200 euros. Un año después, el número de alumnos aumentó hasta los 29 y el dinero público recibido por el departamento de la URJC también se incrementó, obtuvo 73.080 euros. En 2011, las matrículas descendieron, solo se inscribieron cinco estudiantes (13.000 euros).

El pliego de condiciones entre la institución pública y el organismo dirigido por Enrique Álvarez Conde contemplaba la financiación a 33 empleados del Gobierno regional, ninguno de estos tres años consiguieron que se completasen las plazas ofertadas. La Consejería de Sanidad, a través de la institución del defensor del paciente, también subvencionó varias plazas para formar a los técnicos de esa oficina. En 2009 matricularon a dos trabajadores e inscribieron a una tercera que finalmente se terminó matriculando a través del convenio con el IMAP. El departamento sanitario se gastó 5.880 euros en este curso. En total, el IDP obtuvo en este periodo 142.660 euros para pagar matrículas de alumnos en este curso y en el máster. 

Financiación de investigaciones

Esta información ha sido facilitada por el portal de transparencia regional, tras una solicitud de información de esta redacción en la que se pidió un listado con las subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid al IDP desde el 2009 hasta el 2018. En la respuesta obtenida se planteó que este departamento de la Rey Juan Carlos obtuvo financiación pública regional, dentro del periodo requerido, solo entre el año 2008 y el 2011.

Este instituto también recibió dinero público para la realización de programas internacionales. Esta es la mayor partida de dinero público obtenida de la Comunidad. En 2009 la Consejería de Inmigración financió con 200.000 euros tres proyectos de cooperación al desarrollo organizados por el organismo de Enrique Álvarez Conde, imputado en el caso máster de Cifuentes y en el de Casado, en Bolivia y Ecuador (56.000 euros), en Perú (66.000) y en Colombia (78.000 euros).

Varios de sus proyectos dedicados a la investigación también se pudieron acoger a una partida presupuestaria de la administración regional. La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda informa de que en 2011 este departamento le concedió un contrato menor para una investigación sobre la negociación colectiva como instrumento de mejora en las condiciones de trabajo por 21.063 euros, IVA incluido.

Por su parte, en 2008 la Vicepresidencia del Gobierno regional destinó 6.000 euros para que el IDP realizase un estudio del impacto de los factores internos y externos en la Comunidad de Madrid. La elaboración de este informe estuvo coordinada y dirigida por uno de los profesores de este instituto e imputado en la investigación del máster de Cifuentes, Manuel Arenilla.