Las seis noticias imprescindibles de este viernes

1.- La Sala de Admisión del Tribunal Supremo ha rechazado abrir una investigación al presidente del PP, Pablo Casado, por el máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos durante el curso 2008-2009. Los magistrados acogen los argumentos de la Fiscalía y señalan que no aprecian «indicios consistentes» de su participación delictiva. No concurre, además, dicen, «el concierto de voluntades» que exige el delito de prevaricación, el único que estaba en juego, pues el cohecho por sí solo estaba prescrito. En su auto explica que la cooperación necesaria en la prevaricación administrativa se produce cuando el sujeto coopera a la ejecución de un delito con un acto sin el cual no se habría ejecutado. Añade que la jurisprudencia exige dos requisitos para que pueda darse el delito: un concierto de voluntades con el autor, que puede ser previo o simultáneo al acto prevaricador; y una aportación esencial a la ejecución, que generalmente se produce en la fase de preparación. Además, el cooperador tiene que actuar con un doble dolo: conocer el plan del autor y saber que con su aportación coopera a su éxito.

2.- La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha arrancado la rueda de prensa del Consejo de ministros para atacar con dureza a la oposición: «La oposición está demostrando que no sabe asumir la pérdida del poder», ha dicho Celaá. Celaá ha acusado al PP «en connivencia con la nueva derecha de Ciudadanos» de promover una «campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia». La portavoz del Gobierno lo ha tildado de «cacería». Ha cuestionado por ejemplo la utilización de la Mesa del Congreso «de manera partidista» para «boicotear la gobernabilidad» e «impedir que continuemos con la agenda del cambio». Así ha empezado Celaá una comparecencia en la que ha dicho que los ataques al Gobierno producen «bochorno democrático». A este respecto, el Ejecutivo se resigna ya a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con la anterior senda de reducción del déficit. Pero la batalla política continúa en tanto que el grupo parlamentario socialista presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

3.- La crisis en la que está sumida el independentismo ha llegado a Waterloo. Allí, el expresidente cesado Carles Puigdemont empieza a reconocer las limitaciones de su plan para alcanzar la secesión, así como el caso omiso que le hacen las altas instancia de la Unión Europea, que el soberanismo vendió durante años como las grandes aliadas de su causa. «Es evidente. La Unión Europea, las instituciones europeas no apoyan la causa catalana. Mi decepción es, no respecto a la cuestión de la independencia, sino respecto a los derechos fundamentales», ha declarado Puigdemont en una entrevista difundida hoy por la radiotelevisión pública belga RTBF. En este sentido, el exalcalde de Gerona ha añadido que interpela al presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, por ser el único que se ha expresado «de una forma respetuosa» sobre el asunto, informa Efe. «Es un asunto europeo, ahora. Todo el mundo se da cuenta que no es un asunto sólo doméstico, porque concierne a los derechos fundamentales, ha insistido Puigdemont.

4.- La comisión de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos ha aprobado la confirmación al juez Brett Kavanaugh para el tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país. Sólo han votado a favor los republicanos, mientras los demócratas han ido abandonado la vista en señal de protesta, un día después de que ante la misma comisión testificara Christine Blasey Ford, la profesora universitaria que acusa a Kavanaugh de haber intentado violarla en 1982, cuando ambos estudiaban en secundaria. Los demócratas habían pedido que se aplazara el voto para que la comisión tenga más tiempo para interrogar a otras mujeres que han acusado a Kavanaugh de acoso sexual durante su juventud. Tanto la profesora Ford como los demócratas habían pedido una investigación del FBI, algo que los republicanos han rechazado. Mientras se celebraba la vista, una veintena de mujeres protestaba en los pasillos del Senado. Varias de ellas han sido detenidas por la policía del Capitolio.

5.- El Gobierno ha aprobado este viernes, en Consejo de Ministros, un real decreto-ley que habilita a comunidades y ayuntamientos para regular el sector de las licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC), con las que operan Uber y Cabify. Eso sí, el Ejecutivo establece una moratoria de 4 años para que esta cesión de las competencias se haga efectiva. Hay que tener en cuenta que la patronal del sector, Unauto, había advertido al Gobierno que tendría una avalancha de demandas si transfería las competencias de las VTC a las administraciones territoriales. Y es que estaba previsto que muchos ayuntamientos impusieran ya al sector la necesidad de contar con una segunda licencia para operar dentro de las ciudades, lo que habría supuesto una pérdida de derechos para los propietarios de VTC. Al utilizar una moratoria para implantar la medida, el Gobierno compensa con tiempo en lugar de dinero al sector. Tras este «periodo transitorio» de cuatro años, las VTC quedarán inhabilitadas para prestar servicio dentro de las ciudades y tendrán que adaptarse a la normativa que impulsen las distintas administraciones territoriales... si finalmente estas la aplican. No es descartable que determinados territorios no aprueben nuevas normas, lo que eliminaría a prácticamente todos los coches de Uber y de Cabify de las ciudades.

6.- El Tribunal Supremo ha elevado de 5 a 6 años y medio de prisión la condena impuesta a un hombre que acuchilló e intentó asfixiar a su pareja después de quitarle el móvil al creer que se comunicaba con otro hombre y decirle: «Si no eres mía no eres de nadie». El tribunal aplica por primera vez la agravante de género a este caso al haberse acreditado el intento de dominación del acusado sobre la víctima. La Sala estima el recurso del fiscal, que solicitaba la aplicación de la agravante de género, y anula parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que no la apreció porque entendió que no se había probado el intento de humillación y ultraje de la mujer por parte del condenado. Los hechos probados en la sentencia relatan que el acusado estaba casado y mantenía una relación de afectividad sin convivencia con la víctima, con rupturas y discusiones frecuentes derivadas del carácter celoso y posesivo del hombre.