Décadas de desacato para marginar la lengua común

El mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba su intención de disolver las Cortes y convocar elecciones para el día 28 de abril, el Consejo de Ministros aprobaba el polémico anteproyecto de ley educativa con el que se modifica la LOE aprobada por los socialistas en 2006, y se elimina la Lomce, más conocida como «ley Wert». El baile de nombres y modelos de las sucesivas leyes educativas, un clásico de las últimas décadas, volvió a causar desconcierto entre la comunidad educativa, y disparó las alarmas entre los defensores no ya solo del bilingüismo sino de un reequilibrio entre la proporción de castellano y catalán en los centros educativos en Cataluña. Aunque la derogación de la Lomce sigue en modo pausa por el adelanto electoral, la posibilidad de que acabe por salir adelante en función del resultado de los comicios alarma a partidos y asociaciones contrarios a la inmersión. El anteproyecto defendido por la ministra Isael Celaá es, en la práctica, una enmienda a la totalidad a la lucha de quienes durante 30 años han batallado por la pervivencia del castellano. Así, devolvería a la Generalitat la capacidad para determinar cuántas asignaturas se dan en catalán, eliminando la obligatoriedad de dar ambas lenguas cooficiales «en una proporción razonable», tal y como recoge la Justicia en numerosos fallos. De hecho, varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS) reconocen a la Administración General del Estado competencias para velar por los derechos lingüísticos de los alumnos, aunque da margen a las CC.AA para que fijen la citada proporción razonable. Ese criterio de «razonabilidad» es el que la «ley Celaá» hace desaparecer. «No pensamos cumplir» De alguna forma, dicho proyecto viene a amparar el desacato con el que la Generalitat, incluso con jactancia, ha ido acogiendo las sucesivas leyes educativas y las sentencias judiciales. «El tema lingüístico no nos afecta porque la ley Wert no se aplicó en Cataluña, y nunca hemos tenido intención de cumplir», señaló en su momento a ABC el consejero de Educación, Josep Bargalló (ERC). La Generalitat señala que la aplicación de la inmersión lingüística es legal -Ley de Política Lingüística (1998 ), Estatut, Ley Educativa Catalana (2009)-, pero siempre ha obviado el reguero de sentencias de los últimos años. Desde el contundente fallo del TC sobre el Estatut en 2010, que puso en la cuerda floja la inmersión lingüística, a las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que exigen el bilingüismo en las aulas así como otros tantos pronunciamientos más del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del TS que obligan a restaurar la casilla lingüística a la hora de la inscripción escolar, y que avalan una mayor presencia de la lengua común. La administración catalana vive instalada desde hace décadas en el desacato.