25 organizaciones exigen al Gobierno que declare la Emergencia Climática

«Evitar que la temperatura global se eleve por encima de 1,5 °C debe ser una prioridad de la humanidad. Necesitamos reducir con carácter urgente las emisiones, reajustando nuestra huella ecológica a la biocapacidad del planeta», así de claro lo dejan un total de 25 colectivos (entre los que se encuentran las principales organizaciones ecologistas de nuestro país) que exigen al Gobierno, y en el mismo día que se inicia la legislatura, que declare el estado de Emergencia Climática. Asimismo, piden que se «tomen las medidas concretas necesarias para reducir a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, en la línea de lo establecido por la ciencia y bajo criterios de justicia climática». Así, señalan que «tanto la urgencia como la gravedad de la situación climática y ecológica exigen una actuación rápida y contundente para evitar los peores escenarios indicados por la ciencia». Por ello, exigen que las instituciones europeas y el Gobierno español, así como los gobiernos de distintas Comunidades Autónomas y ayuntamientos coordinados con todos los grupos políticos, estén a la altura de las necesidades que exige el momento actual.


En el manifiesto solicitan que se actúe con verdad sobre la urgencia de la situación, admitiendo el diagnóstico de la comunidad científica; piden que se actúe con compromisos políticos reales y vinculantes mucho más ambiciosos de los actuales, con asignación de recursos porque solo declarar la emergencia climática es «insuficiente».


Por escrito en la Ley de Cambio Climático
Además, instan a la acción: abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100% renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible y de manera prioritaria. En esta línea solicitan el freno de nuevas infraestructuras fósiles, una reducción en los niveles de consumo y del transporte, un cambio de modelo energético, reorganización del sistema de producción y educación y concienciación. Todo ello, insisten «debe quedar reflejado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía».


Estas veinticinco organizaciones piden la adopción de medidas urgentes para frenar la extinción masiva de especies y acabar con la pérdida de biodiversidad, la especulación financiera de la naturaleza y el extractivismo insostenible. Solicitan un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales donde las medidas de mercado «no sustituyan la adecuada planificación de la transición ecológica».


Además, precisan que «la justicia y la democracia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen» y piden «una democratización de los sistemas energéticos, alimentarios, de transporte… que garanticen también la igualdad de género en la toma de decisiones, así como que sean los países responsables los que asuman su deuda ambiental y no los países empobrecidos que son “los menos responsables de la degradación planetaria».