Los sobrecostes de la planta de L' Eliana, a la Audiencia Nacional
La planta para tratar los nitratos que contiene el agua de la localidad L' Eliana (Valencia) se finalizó en 2011. Sin embargo, a día de hoy, sigue sin utilizarse debido al alto precio que los vecinos tendrían que pagar por el agua.
Los 12 millones de sobrecostes con los que se finalizó su construcción obligan a los vecinos a pagar un 150 por ciento más por el agua. El PP asegura que todo el proceso está plagado de irregularidades y ha ampliado la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional para incluir documentos que demuestran que el Ayuntamiento de L' Eliana «conocía e incluso pudo ser el causante» de que el presupuesto de esta planta pasase de cinco millones a 17.
La primera denuncia se presentó a principios de este mes con el objetivo de que se incluyera toda la documentación en la causa de Acuamed que investiga la Audiencia Nacional, «el fin es comprobar los posibles delitos y sus presuntos responsables».
Los populares señalan directamente al entonces alcalde socialista de la localidad, José María Ángel, que en la actualidad es director general de Emergencias de la Generalitat.
Explican que desde que en febrero de 2016 se elevó al pleno la propuesta de colaboración de financiación y explotación de la planta el Ayuntamiento participó en la comisión de seguimiento constituida por Acuamed para controlar su construcción.
La empresa, del PSPV
El presupuesto de licitación fue incrementándose de los 4.556.000 millones a los 16.868.866 a los que finalmente fue adjudicado. Los populares también ponen al beneficiario de este contrato en el punto de mira.
Afirman que se concedió a una UTE en la que participaba la empresa Abaldo, firma que perteneció a dos ex altos carogs socialistas. «Hemos descubierto que lograron el contrato frente a las grandes constructoras que tenían una dilatada experiencia en obra pública hidráulica», denunció ayer la vicesecretaria del PPCV, Elena Bastidas. Apuntan a que este sobrecoste podría estar provocado por el pago de comisiones ilícitas cobradas camufladas a través de facturas falsas que beneficiasen a terceros.