La Fiscalía pide que los acusados del «procés» no disfruten del tercer grado hasta la mitad de la condena
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este miercoles que los acusados del «procés» no disfruten del tercer grado hasta la mitad de la pena, en el caso de que sean condenados por su rol en el plan secesionista ilegal. Las partes han comunicado en la sesión 49 del juicio sus tesis definitivas, sus conclusiones tras la celebración del juicio oral.
Al ratificar sus tesis, la Fiscalía mantiene su petición de 25 años de prisión para Oriol Junqueras, al que atribuye el delito de rebelión agravada (una rebelión que incluiría la malversación), en condición de dirigente. El Ministerio Público no cambia nada respecto a su petición inicial de penas en el escrito de acusación del pasado noviembre.
Como adelantó ABC, la Fiscalía ha incorporado en sus conclusiones algunas pruebas del juicio que considera que han reforzado sus tesis. Al anunciar estos detalles al tribunal, ha citado en concreto las reuniones de los jefes de los Mossos d’Esquadra con los líderes secesionistas, en las que advirtieron de la previsible violencia en el referéndum ilegal. Josep Lluís Trapero, Ferrán López y otros tres mandos del cuerpo autonómico ahondaron en esta idea, dejando en mal lugar a lo políticos. Sabían lo que había y aun así siguieron adelante.
También se ha referido al rol de la empresa Unipost, en alusión a la mecánica «irregular y clandestina» que utilizó el Govern de Carles Puigdemont para contratar las papeletas del referéndum ilegal con la empresa Unipost, un esquema que salió a la luz en la vista oral y que apuntalaría la acusacion por malversación.
Este trámite ha llegado tras la práctica de la prueba documental, que ha sido protagonizada por el visionado de los vídeos del 1-O, en los que se ha percibido el clima de insurrección que envolvió a Cataluña. Tanto las acusaciones como las defensas han propuesto distintos vídeos, para tratar de reforzar sus visiones opuestas.
La Abogacía del Estado también ha mantenido su acusación sin modificaciones, lo que significa que acusa por sedición y malversación, y descarta la rebelión. Esto supone limitar el «procés» a un atentado contra el orden público y no contra el orden constitucional.