La hostelería compostelana se rebela contra la Xunta
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compromisos logrados por los representantes de su sector con la Xunta durante la jornada del jueves, y se han propuesto trabajar por su cuenta con el concello compostelano para alcanzar medidas que logren «un equilibrio entre la seguridad sanitaria y la viabilidad económica».
En concreto son la Asociación Hostelería Compostela y la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Santiago las que han manifestado su desacuerdo con los recientes avances sobre las últimas restricciones que ha sufrido su negocio. Según el comunicado oficial publicado en conjunto, las organizaciones califican las nuevas normas impuestas para controlar la oleada de rebrotes de Covid-19 que sacude España como «medidas mediáticas que no atiende a criterios sanitarios».
Sus quejas se centran especialmente en la prohibición de apertura de los locales nocturnos: bares de copas, salas de fiestas y discotecas no tienen permitido abrir sus puertas por el momento, algo que desde estas dos asociaciones consideran discriminatorio y sobre lo que valoran incluso emprender acciones legales.
Es por ello que, ante unos avances entre Xunta y representantes gallegos del sector que no consideran fructíferos, los hosteleros santiagueses afiliados a estas dos entidades han decidido apelar al Gobierno local para intentar que los negocios dedicados al ocio nocturno puedan trabajar con licencia de bar y adaptarse a los horarios permitidos para locales con ese tipo de permisos.
Medidas sinsentido
Desde las dos asociaciones compostelanas tachan de error el cierre indiscriminado de los locales nocturnos, e incluso lo consideran contraproducente al ser una causa probable del aumento de reuniones en espacios privados, opinión que plasmaron en el documento publicado y difundido en conjunto.
Este tipo de reuniones estarían completamente desprovistas de medidas de seguridad con las que sí cuentan los negocios de hostelería, como respeto a la distancia de seguridad o desinfección constante del mobiliario. Además, remarcan la importancia de la responsabilidad individual entre ciudadanos, y la realización de pruebas PCR «de manera indiscriminada» como máxima garantía de contención del virus.