La falta de fondos obliga al Gobierno a diseñar unos «ERTE quirúrgicos»
La negociación de los ERTE sigue encallada y su futuro va a estar muy ligado al coste de las ayudas, una factura que hasta junio superó los 20.000 millones y que sumaría 3.300 millones más de prorrogarse de forma automática para los 770.000 trabajadores que actualmente están bajo el paraguas de esta fórmula alternativa al despido. De momento, el día de ayer transcurrió sin reunión formal de la mesa tripartita de la que se espera un acuerdo antes de que acabe el mes, en tanto que las posiciones entre los agentes sociales y el Gobierno siguen muy distantes. Empresarios y sindicatos solo volverán a la mesa de negociación cuando el Ejecutivo mueva ficha y presente una nueva oferta por entender que es la única vía de seguir avanzando.
Los principales puntos de desencuentro siguen siendo la discriminación por sectores que propone el Ejecutivo y la bonificación que actualmente reciben las empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social por activar a sus trabajadores. Los agentes sociales se niegan a aceptar un documento en el que haya sectores que queden fuera del paraguas de los ERTE aunque, según fuentes de las negociaciones, sí que se entendería una discriminación positiva. Se ha hablado por ejemplo, de que el sectores arrasados por la pandemia, como el turismo, puedan disfrutar de unas mayores bonificaciones en las cuotas que el resto o, incluso, que se negociara un plazo más largo, justo antes de Semana Santa.
Desde el Gobierno, también se mandaron ayer algunos mensajes tendentes a la conciliación. La ministra de Economía, Nadia Calviño, que hasta ahora se había mostrado defensora de las tesis del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, remarcó la importancia de ayudar a las empresas solventes más allá del sector al que pertenezca. En una entrevista concedida a TVE, Calviño aseguró ayer que «no se trata tanto de una cuestión de sector, sino de concentrar los esfuerzos en las empresas que verdaderamente más lo necesitan. En lugar de cubrir demasiado y no tener un impacto, tratar de centrar el impacto en aquellos sectores que vemos claramente que no pueden reactivarse, que no pueden reabrir», aseveró. La vicepresidenta mostró su confianza en que la negociación con los agentes sociales para consensuar la prórrogar llegue a buen puerto e insistió en que el Gobierno tiene una «voluntad total» en lograr un acuerdo que garantice «el mejor uso de los recursos públicos».
Una situación transitoria
El coste de las ayudas sigue siendo, además, otro de los grandes problemas de fondo de la negociación. España se adentró en la pandemia con unas fuertes tiranteces presupuestarias que ahora, sumados a los continuos rebrotes, comienzan a pasar factura. Calviño incidió también ayer en esta cuestión al subrayar que ellos ERTE «suponen un importante esfuerzo de solidaridad del conjunto de la población española» y que «tienen un importante coste presupuestario», por lo que, dijo, a partir del 30 de septiembre hay que afinar su cobertura. «Tenemos que asegurarnos de que se cubren a las empresas que verdaderamente eran solventes antes», «están en una situación transitoria» y pueden «acompañar este proceso de reactivación en el futuro».