La respuesta de los partidos separatistas al desafío de los grupos antisistema que desde hace días incendian las calles de Cataluña -donde solo han tenido oportunidad de ver y denunciar las malas prácticas de los Mossos- no es más que el adelanto de lo que puede ofrecer a los catalanes una coalición política, ahora en fase de negociación y reparto, cuya única prioridad es la superación del orden constitucional y la demolición del Estado de Derecho. Una semana después del 14-F, y diluido el efecto Illa, Cataluña se asoma a un nuevo periodo de choque político, tensión social y deterioro económico. La fuga de empresas y la pérdida de músculo productivo no han impedido al nacionalismo reafirmar su apuesta por el pulso -inviable, pero rentable para sus intereses particulares- que mantiene con el Estado, siempre a costa del bienestar de los catalanes. Lo que se negocia estos días no es un Ejecutivo autonómico, sino la prórroga de la anomalía de la que se alimenta el nacionalismo.
