Sánchez evita incluir en su plan de 2022 la financiación autonómica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado incluir en el Plan Anual Normativo para 2022 que elabora el Ejecutivo la nueva Ley de financiación autonómica. La norma está caducada desde 2014, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, y aunque el Ministerio de Hacienda remitió el pasado 3 de diciembre un plan a las comunidades autónomas para el reparto de los recursos atendiendo a factores como la despoblación o la insularidad, la coyuntura política y electoral para los dos próximos años de la legislatura ponen muy cuesta arriba que pueda renovarse. En 2022 habrá elecciones autonómicas en Castilla y León, el 13 de febrero, y en Andalucía, en fecha aún por determinar, y al año siguiente se celebrarán en el resto de comunidades salvo Cataluña, Galicia, País Vasco. Además en 2023, o como muy tarde a principios de 2024, tendrán lugar las elecciones generales.


La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) afecta a las regiones del régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra) y dada la composición plural de los gobiernos autonómicos suele sellarse con el acuerdo de los dos grandes partidos, PSOE y PP, que ostentan la mayoría de ellos. En noviembre pasado, y con el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo como anfitrión, se reunieron en Santiago de Compostela ocho presidentes de las comunidades más despobladas (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y La Rioja) para reivindicar un cambio de criterio en el reparto que les permita costear los servicios públicos y que tenga en cuenta el envejecimiento y dispersión de la población, además de la orografía. Las comunidades más ricas, como Madrid o Cataluña, suelen defender en cambio que sea el peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) lo que cuente, mientras que las más pobladas como Valencia o Andalucía exigen, por su parte, que el condicionante prioritario sea el número de habitantes de cada una.


Se trata de un complicado 'sudoku', como lo definió en su día el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, ante cuya envergadura parece resignarse el actual gobierno socialista en coalición con Unidas Podemos.


En principio, los gobiernos autonómicos que recibieron hace un mes el documento de Hacienda tienen hasta que termine enero para contestar a la propuesta de la titular de la cartera, María Jesús Montero,



Modelo de 2009
El vigente modelo se aprobó en 2009, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Hacienda considera que ahora se disponen de «más y mejores datos estadísticos» que permitirían un «cálculo de la población ajustada más realista, sofisticado y con mayor estratificación». El Plan Anual normativo ha sido coordinado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y en él se incluyen las iniciativas legislativas o reglamentarias que los departamentos ministeriales prevén elevar durante el año al Consejo de Ministros. Que la LOFCA no esté incluida en el documento no impediría su eventual aprobación durante este año, pero evidencia que no está en la hoja de ruta de La Moncloa. Justo en el ecuador de la legislatura, el tiempo empieza a correr en contra del Gobierno, que ya ha descartado proyectos como la reforma penal o la nueva Ley de la Corona.