No hay ni una sola ley del Gobierno que nazca sin vicios ni taras aparentes de inconstitucionalidad. El último caso es el de la nueva ley de Vivienda, sobre la que el Consejo General del Poder Judicial emitirá un dictamen negativo. Básicamente, la cuestión formal es que la ley de Vivienda choca de frente con competencias atribuidas a las autonomías. De nuevo, intervencionismo puro y duro a la medida de Podemos, ante quien el PSOE claudicó con una normativa sin sentido. De este modo, la aprobación de la ley, prevista en principio para el martes en el Consejo de Ministros, se retrasará varias semanas porque el CGPJ deberá realizar un nuevo informe después de haber tumbado ayer, por 15 votos frente a 6, el complaciente dictamen realizado por el vocal Álvaro Cuesta -exdiputado del PSOE-, que era favorable a la ley del Gobierno. Es reseñable que de esos 15 vocales críticos, algunos fueron designados en su día por la izquierda. El informe es preceptivo, pero no vinculante, por lo cual el Gobierno no querrá corregir nada. De hecho, Podemos ya atacó ayer otra vez al poder judicial, algo nada novedoso. Es solo la enésima confirmación de la obsesión compulsiva de La Moncloa por aprobar leyes insensatas a la fuerza, y siempre por la puerta de atrás.
