Tras el chuletón y los lamentos, ¿qué políticas ganaderas?
Las intervenciones públicas del ministro de Consumo quizás puedan ponerse en solfa si se analizan en exclusiva desde el punto de vista de la estrategia política, pero caben pocas dudas de que sus declaraciones tienen capacidad para sacar a la luz debates que evidencian algunas de las contradicciones de una sociedad como la nuestra, que necesita ir cambiando el modelo productivo y social para amoldarlo a la transición ecológica y que, en consecuencia, debería discutir públicamente cómo afrontar ese enorme reto. El de la ganadería y el consumo de carne es, sin duda, uno de ellos.
Por eso precisamente resultan descorazonadoras las reacciones que se están suscitando frente a un tema como este. De un lado, los sectores conservadores se rasgan las vestiduras ante el mero hecho de que se pueda abrir una discusión, cogen el rábano por las hojas retorciendo y manipulando las declaraciones del ministro para hacer sangre política, y se erigen en firmes defensores de los ganaderos, como si todos los implicados en ese sector constituyeran un bloque monolítico con los mismos intereses. De otro lado, sectores del progresismo prefieren eludir el asunto, probablemente para no incomodar a algunos lobbies poderosos, y para ello tiran balones fuera con afirmaciones a veces más propias de monólogos del Club de la Comedia que de foros de discusión socio política seria. La referencia del presidente del Gobierno en su momento al chuletón al punto como toda respuesta a la problemática del consumo de carne, o sus lamentos frente a las declaraciones de su ministro, son pruebas de cómo se evita entrar en el fondo de la cuestión, sustrayendo así a la ciudadanía un debate que podría ser muy útil.
Si pese a todo entramos en el tema de manera seria, una primera idea que parece razonable al respecto es que la política ganadera debería afrontarse como parte inseparable de la transición ecológica que necesitamos llevar a cabo. Considerar que esa transición tiene que ver solo con el consumo energético sería un error, ya que para ir consolidándose requiere cambios mucho más amplios en el modelo productivo. Y en esos cambios los sectores agrícola y ganadero juegan un papel fundamental, no tanto por la importancia que tienen en el PIB, que no es muy grande, como por sus profundas implicaciones territoriales, alimentarias y sociales. Sería exigible por tanto a cualquier gobierno que coordine las acciones de todos los ministerios implicados en estos menesteres, para que las acciones que se vayan tomando no sean contradictorias.
En este marco general, el principal criterio para regular los diferentes tipos de granjas debería ser el de la sostenibilidad entendida en su sentido básico, es decir, la exigencia rotunda a todas y cada una de las explotaciones ganaderas para que cubran sus objetivos presentes de producción sin promover una sobre explotación de los recursos o un deterioro ambiental o social que comprometa el futuro de las áreas en las que están operando.
En el caso de la producción ganadera, esa sostenibilidad depende principalmente de la imbricación que la actividad tenga en el territorio y del uso que haga del mismo, algo que a su vez está estrechamente relacionado con el número y el tamaño de las explotaciones. La ganadería extensiva que cría ganado al aire libre utilizando como alimento los prados y los montes está muy acoplada, por su propia naturaleza, al espacio en el que se desarrolla, y siempre que mantenga un tamaño adecuado para evitar la sobre explotación de los pastos, contribuye a un buen manejo del territorio, generando además actividades que ayudan a fijar población. Caben pocas dudas de que esa ganadería debe ser apoyada y fomentada no solo por la calidad de los productos que genera, sino también por su papel en aminorar los problemas de la España vacía.
Pero si somos realistas tenemos que admitir que la ganadería extensiva por sí sola no es suficiente para cubrir las necesidades de carne y de otros productos animales, de tal forma que, guste o no, necesitamos granjas intensivas. Precisamente por ello, es necesario establecer reglas claras que delimiten el número de explotaciones y el tamaño de las mismas, y que compatibilicen la producción con los aspectos ambientales y sociales del territorio. Producir en intensivo puede ser perfectamente compatible con la sostenibilidad siempre que las cosas se organicen de manera adecuada respetando unos límites. Garantizar seriamente esa compatibilidad debería ser la función prioritaria de una buena política ganadera.
En este contexto no parece descabellado afirmar que el modelo que desentona claramente con esta visión de las cosas es precisamente el de las macrogranjas, ya que son explotaciones que se guían por unos criterios totalmente ajenos al territorio en el que se insertan. Su principal objetivo es conseguir economías de escala que permitan reducir los costes de producción para ganar competitividad en los mercados alimentarios. Pero esa lógica meramente económica choca frontalmente con los límites razonables de la sostenibilidad tanto ambiental como social. A la sobre explotación de recursos locales (agua, especialmente) y a la generación de ingentes cantidades de residuos imposibles de asimilar por los ecosistemas circundantes, hay que añadir la escasa generación de trabajo derivada de su alta mecanización, la feroz competencia que esos gigantes hacen a los pequeños productores locales, además de su incompatibilidad con otras actividades que ayuden a fomentar el desarrollo rural.
Una política ganadera que se quiera insertar en la transición ecológica y que tenga como guía básica la sostenibilidad del mundo rural es, sin duda, muy compleja de implementar. Precisamente por eso requiere debates profundos de los que puedan salir consensos sociales para actuar. No es una tarea fácil, pero evitar la discusión saliendo por peteneras para no molestar a los lobbies de turno, no parece ser el mejor camino para conseguirlo.