El fiasco del ingreso mínimo vital: sólo ha llegado al 35,8% de los beneficiarios previstos
Dos años después de que el Gobierno aprobara por la vía de urgencia esta ayuda, y con una batería de cambios normativos a sus espaldas, el ingreso mínimo vital (IMV) sigue atrapado en un enredo normativo que está taponando su llegada a los hogares más necesitados. La ayuda, que estaba destinada a ser la estrella de las prestaciones del Gobierno de coalición para luchar contra la pobreza en España en tiempos de pandemia, no termina de cuajar pese a los intentos de Escrivá de cambiar una prestación que de media asciende a 194 euros mensuales por beneficiario y 437 euros por hogar.
Nacida en un momento de máxima expectación social, y también de máxima tensión en el seno del Ejecutivo de coalición, la gestión de esta ayuda ha defraudado a pie de calle. Hoy el IMV ha llegado a 824.441 personas, un 35,8% de las inicialmente previstas (2.300.000) según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En este documento se denuncia que el Ministerio de Inclusión no ha ejecutado 1.000 millones de euros del presupuesto que existe para est subsidio, tal y como avanzó ABC. De las personas beneficiarias, tan solo el 9,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza ha podido recibir el IMV, según un informe de la Asociación.
Una «vacuna»
La prestación, que fue concebida como la estrella de la legislatura, no ha terminado, por tanto, de despegar. Según el trabajo de los Directores y Gerentes en Servicios Sociales, tan solo se ha ejecutado un tercio del presupuesto previsto y un porcentaje muy bajo de los casos de mayor necesidad. La burocracia y los exigentes requisitos para ser beneficiario están detrás de un proceso en el que la denegación de solicitudes es la tónica. «Las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza que es el IMV», dice la Asociación.
Según el documento, la cobertura entre comunidades autónomas continúa siendo desigual en España. Navarra (24%) es la que mayor porcentaje de beneficiarios tiene; Cataluña (5,6%) y Baleares (5,7%), son las que menos. Las altas cifras de Navarra corresponden con la pasarela que ha realizado la Comunidad Foral con el sistema de rentas mínimas. Si bien la cantidad de beneficiarios del IMV supera a las rentas mínimas, la diferencia se queda muy lejos de las previsiones del Gobierno, con un 3,59% de diferencia en 2021 con respecto a 2020.
Aprobada una de cada cuatro solicitudes
Según el informe solo u na de cada cuatro solicitudes del IMV ha sido aprobada. Una cifra «irrisoria» que está muy lejos de lo que se esperaba de esta ayuda en un momento socioeconómico muy delicado. No obstante, el informe de los Directores y Gerentes puntualiza que la última apertura de requisitos derivado de la modificación de la definitiva Ley 19/2021 que establece el IMV ha provocado un aumento paulatino de las resoluciones aprobadas. Explica que si en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, en septiembre escalaron al 30,4%.
Para desatascar el proceso y aligerar la concesión de las ayudas, a lo largo de los meses el Ministerio de Seguridad Social ha puesto en marcha varias modificaciones de la norma. Desde un complemento de ayuda a la infancia de entre 100 y 50 euros por hogar en el caso de familias con niños de hasta 18 años, hasta la inclusión de los jóvenes extutelados, pasando por la rebaja de ciertos requisitos, como el plazo de convivencia necesario para acceder a la prestación. También se han elevado los umbrales de renta y patrimonio en algunas circunstancias y se ha eliminado del cómputo de la renta el cobro de las prestaciones por dependencia, desempleo, o la pensión de alimentos.
Ahora el ministro que gestiona las pensiones en España quiere dar un nuevo empujón a este subsidio con los fondos europeos. Como ya informó ABC, ha repartido 110 millones a dedo entre fundaciones, asociaciones, comunidades autónomas y municipios para que realicen proyectos piloto «innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social». Y que estos itinerarios «mejoren la tasa de acceso al IMV al incrementar su efectividad» con medidas que permitan una «atención integral de las personas más vulnerables», según relató el Gobierno en el BOE donde publicó el reparto.