La gestión de las basuras en el sur de Alicante, al borde del colapso tras una década de parálisis por la corrupción del caso Brugal

El juez de la causa que dio origen al caso Brugal (acrónimo de "basuras rurales gestión alicante") inició la investigación en el año 2006 en torno a la presunta trama de corrupción alrededor de la adjudicación del servicio de basura de Orihuela (la Vega Baja del Segura) durante la etapa del alcalde popular José Manuel Medina.

El empresario Ángel Fenoll, que tenía un enorme basurero en los límites de la Comunidad Valenciana y Murcia, reveló una grabación con un concejal de Orihuela en la que se hablaba de un intento de soborno al alcalde del Partido Popular, José Manuel Medina, y otros concejales del PP y del Centro Liberal de Orihuela por parte de la empresa competidora Urbaser, en relación a la adjudicación del contrato de los servicios de recogida de basuras. En la causa, que dio lugar a más de una veintena de piezas, fue detenido e imputado Fenoll y se vio salpicado el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la manipulación del plan zonal de residuos de la Vega Baja.

Aunque los 34 acusados en la pieza separada relativa al contrato de Orihuela fueron absueltos por la sección séptima de la Audiencia de Alicante tras anularse las grabaciones iniciales que realizó el empresario Ángel Fenoll y de las que emanaron los pinchazos telefónicos posteriores de la Policía y el resto de las pruebas documentales, las consecuencias de este entramado se siguen padeciendo en la gestión de los residuos de la zona, que está al borde del colapso.

Principalmente porque, según han explicado fuentes de la Conselleria de Emergencia Climática de la Generalitat Valenciana, la judicialización de este caso ha generado un retraso acumulado de 16 años en la ejecución de infraestructuras, sobre todo en la Vega Baja, y ahora todos los proyectos se tienen que adaptar a la normativa actual, con lo que se agrava el retraso.

Por ejemplo, donde antes se debían construir un par de grandes plantas de tratamiento, ahora se deben habilitar cinco o seis mas pequeñas y cercanas a los municipios consorciados, para hacer más sostenible todo el proceso y evitar grandes desplazamientos en vehículos pesados.

La gestión que está llevando a cabo la alcaldesa del PP de Bigastro, Teresa Belmonte, al frente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja va justamente en la línea opuesta a la agilización de los proyectos. De hecho, un auto judicial firme notificado hace un año le insta a poner en marcha el proyecto de gestión y el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que prevé inversiones en nuevas plantas de tratamiento y ecoparques por valor de 90 millones de euros.

Las mismas fuentes han asegurado que un año después no se ha notificado al juzgado cómo se va a proceder con la adjudicataria de la UTE, Cespa-Ortiz. Ahora Cespa-Ferrovial, que es la sociedad mayoritaria en la UTE (60%) ha sido adquirida por el grupo alemán Lidl-Medio Ambiente.

El objetivo de la parálisis en la aplicación de los programas al parecer es evitar tener que actualizar cualquier precio de gestión de residuos, aunque se pudiera gestionar mejor. Así, si ahora se paga a entre 40 y 60 euros la tonelada, la ejecución de las inversiones podría subir el precio a entre 80 y 90 euros, si bien es cierto que se mejoraría notablemente el servicio y las externalidades asociadas.

El bloqueo, además, está poniendo en peligro el acceso de los municipios y del propio consorcio a las ayudas del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia convocado por la conselleria porque el Consorcio no ha tramitado y aprobado (con el trámite de aprobación inicial, informacion pública y aprobación definitiva habitual en las administraciones) el plan director o proyecto de gestión de biorresiduos en la zona A6, según la legislación.

La situación ha llegado a tal punto que la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, advirtió la semana pasada al consorcio de que le retirará las competencias en la gestión, “si mantiene la actual dejadez deliberada en no facilitar la recogida separada de los municipios y el tratamiento de los residuos en planta de tratamiento final”.

La consellera se refirió a la “pasividad” del Consorciode la Vega Baja y reclamó la apertura de la planta de transferencia de Dolores, una inversión de la Conselleria de Agricultura de 2,6 millones de euros, “que aumentaría la capacidad y flexibilidad del sistema en la Vega Baja” y que lleva más de un año clausurada.

Según informaron fuentes de Emergencia Climática, actualmente los municipios de la Vega Baja recogen los residuos en los camiones recolectores y los llevan directamente a los centros de tratamiento de diversas localidades del entorno, como Elche, Alicante, Xixona o Villena, cuyos accesos se ven colapsados por el trasiego de camiones.

“La planta de transferencia de Dolores permitiría aumentar el reciclaje en origen mediante la implantación de más contenedores al contar una instalación específica mucho más cercana y preparada, desde la cual en grandes trailers con 24 toneladas de capacidad ya se trasladarían los residuos separados a las diversas plantas de tratamiento, reduciendo cuatro veces los viajes actuales y por tanto las emisiones”, explicaron desde la conselleria.

Una situación que incumple el artículo 38 de la ley valenciana de residuos que obliga a modernizar la gestión residuos y que además viene agravada por la ausencia de ecoparques, más allá de los móviles.

Ante esta situación, los alcaldes de Algorfa, Benferri, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Rafal, Rojales, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas, todos del PSPV, salvo el de Daya Vieja, de Compromís, y el de Catral, que es independiente, han registrado una moción de censura capitaneada por el alcalde de Dolores, el socialista Joaquín Hernández, contra la presidenta popular del Consorcio, Teresa Belmonte. La moción se debatirá el próximo 15 de julio.

Según datos de la conselleria, la tasa de reciclaje de envases en la Vega Baja es de 9,26 kilos por habitante al año, mientras que la media autonómica asciende a 14,5 kilos. En cuanto al papel y cartón, la media en la Vega Baja es de 9,89 kilos, mientras en la Comunitat Valenciana es de 16 kilos por habitante al año.