Las alas de Andalucía
La contrarreforma fiscal que la ministra María Jesús Montero ha improvisado tras los últimos anuncios de Juanma Moreno es un escarnio. La reacción gubernamental da más miedo que grima porque supone un ataque desabrido a los principios democráticos. Tal como suena. El tufo totalitario del sanchismo es para echarse a temblar. Si se desciende al detalle del caso andaluz, el hedor es insoportable. Veamos. En el capítulo titulado «Hacienda y fiscalidad» del programa del PP para las elecciones del pasado 19 de junio en Andalucía se lee literalmente lo siguiente: «La bajada de impuestos a los andaluces seguirá siendo un compromiso electoral estrella: Andalucía abordará una segunda bajada masiva de impuestos». Posteriormente, en el apartado «Impuesto sobre el patrimonio», el texto añade: «Continuaremos con la bajada progresiva del impuesto hasta conseguir la definitiva eliminación del gravamen (sin que el impuesto pierda su finalidad de control) mediante los incrementos del mínimo exento y rebaja de la tarifa, contribuyendo con ello a la atracción de talento e inversión a nuestra tierra». Esta promesa, expuesta sin ambages por Juanma Moreno en su pacto oficial con los andaluces –se puede consultar fácilmente en internet–, está protegida por los artículos 156 a 158 de la Constitución, donde se regula la libertad fiscal de los distintos territorios de España. Perdón por la tabarra, pero se entiende todo mejor recurriendo de nuevo a la literalidad: «Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles». Y aún hay más. La Carta Magna precisa que «los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos» por varias fuentes de ingresos, entre los que se incluye, concretamente en el apartado 'd', este: «Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado». Vamos resumiendo. Juanma Moreno hizo una promesa electoral concreta a partir de un derecho constitucional. Seguimos. Este programa electoral fue votado por 1.582.412 andaluces, que otorgaron una histórica mayoría absoluta al PP. Ya tenemos tres premisas democráticas. Primera, un partido anuncia una medida en su programa electoral. Segunda, esa medida es legal y está amparada por la Constitución. Tercera, la mayoría de los votantes apoya a ese partido y, en consecuencia, su programa de gobierno. Pues con todo esto sobre la mesa, la andaluza María Jesús Montero ha decidido sacarse súbitamente de la manga un nuevo «impuesto a los ricos» –en demagogia sí que son buenos– que técnicamente sólo sirve para contrarrestar la supresión del gravamen al Patrimonio en Andalucía y Madrid. Es decir, bloquea con una treta de urgencia un derecho que ha apoyado la mayoría. Se pueden hacer circunloquios sobre cómo el sanchismo quiere romper las alas a Andalucía, pero en realidad esto sólo tiene un nombre. Exacto, el que está usted pensando.