Hasta Lesmes dijo basta
Cuando escuchen al PP hablar de “despolitizar la Justicia”, piensen en Carlos Lesmes. Es el ejemplo perfecto de lo que la derecha entiende por “despolitizar”.
En 1996, Carlos Lesmes fue nombrado alto cargo del Gobierno de José María Aznar. Fue director general del Ministerio de Justicia durante ocho años: desde que Aznar llegó a La Moncloa hasta que se marchó. Lesmes estuvo a las órdenes de absolutamente todos los ministros de Justicia del PP de la era Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. También fue subordinado de Rafael Catalá, entonces secretario de Estado y más tarde ministro de Justicia con Rajoy.
En el año 2004, el PP perdió las elecciones y Lesmes fue cesado. Pero al año siguiente el Consejo General del Poder Judicial lo nombró presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. No llegó a este puesto por oposición. Fue ascendido por la mayoría conservadora del CGPJ en una suerte de puerta giratoria judicial.
Lesmes había sido alto cargo del Ministerio de Justicia del PP que, en 2001, negoció la renovación del CGPJ. Había sido el interlocutor del Gobierno de Aznar con ese consejo. Y fueron esos vocales conservadores los que, en 2005, ascendieron a la presidencia de Sala a un ex alto cargo del mismo Gobierno que les nombró. Hoy por ti, mañana por mí. No sería la primera ocasión.
En el año 2010, la derecha le entregó a Lesmes un ascenso más. Uno de los más cotizados en la judicatura: magistrado del Tribunal Supremo. No se llega a ese puesto por oposición. Los nombramientos para el Supremo los decide el CGPJ, y de nuevo fueron los vocales nombrados por el Partido Popular quienes ascendieron al Supremo al ex director general de Justicia de Aznar.
En 2013, a Lesmes lo volvieron a ascender. Al puesto más alto de la Justicia: la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. ¿Elegido por los jueces, como ahora defiende el PP? Por supuesto que no: estas cosas la derecha solo las promete cuando está en la oposición. Fue el PP de Mariano Rajoy –con la aquiescencia de Alfredo Pérez Rubalcaba– quien escogió a Lesmes. Que es de los suyos. Y basta para ello repasar su currículum profesional.
Lesmes aprobó las oposiciones en el año 1984. Lleva casi cuatro décadas en la carrera judicial. Pero más de dos tercios de ese tiempo –26 de 38 años– ha ejercido en puestos nombrados directamente por el PP o en juzgados a donde ha sido aupado por los vocales en el CGPJ que nombra el PP.
Cómo será la cosa para que alguien como Carlos Lesmes haya dicho, por fin, que basta ya.
Dice la Constitución española que el mandato de presidente del Tribunal Supremo es de cinco años. Carlos Lesmes estaba a punto de cumplir nueve años allí. Es uno de los puestos mejor pagados de la Administración: 142.000 euros anuales, más chófer, más asistentes, más dietas.
El mandato de Lesmes terminó en diciembre de 2018. Desde entonces, el PP está bloqueando la renovación del CGPJ. Las excusas son cambiantes. Pero la verdadera razón es la misma de siempre. La misma por la que Mariano Rajoy también bloqueó la renovación del CGPJ unos años con el Gobierno de Zapatero. Siempre que el PP pierde las elecciones, y toca renovación porque se ha cumplido el mandato de cinco años que fija la Constitución, el PP bloquea para mantener artificialmente en el Poder Judicial la mayoría que ha perdido en las urnas.
Es así de simple. No permita que le engañen con la excusa de “despolitizar”. Porque la ley que el PP está ahora incumpliendo con el pretexto de defender “la independencia judicial” es exactamente la que aprobó, con mayoría absoluta, el Gobierno de Mariano Rajoy. La verdad de fondo es que el problema de la “politización” de la justicia no estriba en el modelo de elección de los miembros del CGPJ por las Cortes –existente, por cierto, en otros países donde la justicia goza de gran respetabilidad–, sino en la forma en que el PP entiende este sistema de base democrática, ya que cuando está en el poder promueve a militantes descarados de su causa y, cuando está en la oposición, sale con la cantinela de que los jueces –agrupados en asociaciones mayoritariamente conservadoras– son quienes deben elegir al poder judicial.
La situación se ha podrido tanto que incluso alguien tan poco sospechoso de izquierdista como Carlos Lesmes ha dicho que basta ya. Lo ha hecho a su manera: culpando a los dos partidos por igual cuando es obvio quién se niega a renovar. Pero su salida ha desnudado al Partido Popular. Que ha roto ya en tres ocasiones los pactos a los que ha llegado con el Gobierno para cumplir con el mandato constitucional.
En la época de Rajoy, el PP estuvo bloqueando la renovación desde el año 2006 hasta el año 2008: hasta que el PP perdió aquellas elecciones tras la primera legislatura de Zapatero. Dos años de bloqueo. Ahora estamos cerca de llegar al cuarto año triunfal. Al PP le sale gratis y por eso ha repetido la jugada doblando la apuesta en esta ocasión.
Lo hace el mismo partido que envió un mensaje a sus senadores pidiendo nombrar a Manuel Marchena y “controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.
Hoy repiten –lo hacía este lunes Esteban González Pons– que “hay que despolitizar la justicia”.
Porque para ellos “despolitizar” consiste en que la justicia emana del Parlamento, pero solo cuando ellos gobiernan. ¿Si manda la izquierda? Es que la quieren politizar.
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