Feijóo, contra las cuerdas
La ley no se negocia y el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones. Es un principio básico de la democracia que al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le han hecho llegar en las últimas semanas desde sectores conservadores de la judicatura y la política hasta el mismísimo Felipe González en relación con la renovación del Poder Judicial.
Que el PP trate, con mayor o menor éxito, de imponer ahora el marco de que el Gobierno se plegará a sus premisas en la negociación para renovar el CGPJ le puede servir para salir del paso unas horas y conquistar algún que otro titular. Pero para poco más, después de que la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, añadiese este domingo gravedad a la ya de por sí severa crisis institucional por la que atravesaba el máximo órgano de gobierno de los jueces, tras cuatro años de bloqueo de la derecha.
La situación no daba más de sí y la equidistancia en el reparto de responsabilidades había caído por la fuerza de los hechos y de la hemeroteca hace tiempo. Unos querían renovar y otros, bloquear. Y todo el mundo sabía quiénes eran los primeros y quiénes los segundos. No en vano desde que, en 1985, se reformase la Ley Orgánica del Poder Judicial que determinó el actual modelo de elección de los jueces, ha habido seis renovaciones y tres bloqueos. Todos, con el PP en la oposición.
En 1995, hubo ocho meses de retraso y el Consejo se renovó solo después de que Aznar, que había bloqueado la negociación desde la oposición, llegase a La Moncloa. En 2006, de nuevo con el PP en la oposición, la actualización del CGPJ se hizo esperar casi dos años y la que tocaba en 2018 lleva ya 1.400 días de retraso. Por contra, con la izquierda en la oposición, el Consejo se renovó solo tres meses después de que expirara su mandato en 2001 y dos meses después, en 2013.
El PP, con Casado primero y con Feijóo después, había traspasado ya todos los límites de lo admisible al imponer durante casi cuatro años una mayoría conservadora en los tribunales que no le habían otorgado las urnas. Y, de no haber dimitido Lesmes, hubiera prolongado la situación sine die, porque en contra de lo que sostiene la ministra de Justicia, en el metro y en los bares no parece que se hable del bloqueo del Poder Judicial. La renuncia, sin embargo, certificaba una crisis institucional sin precedentes cuya situación había ya traspasado los límites de nuestras fronteras.
Pedro Sánchez tomó la iniciativa la misma noche del domingo y convocó de urgencia al líder de la oposición en La Moncloa sin que de la reunión, que se prolongó durante algo más de tres horas, saliera más que la voluntad de ambos de hacer “un último intento” por el acuerdo. Eso es lo que se contó oficialmente en sendas comparecencias de prensa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons. El primero evitó deliberadamente establecer límites, dar detalles o poner horizontes temporales para el acuerdo para no hacer descarrilar las conversaciones. Y el segundo trató de situar difusamente el marco de la negociación en una reforma del sistema de elección que el Gobierno ya ha dejado claro que no aceptará.
A Feijóo, contra las cuerdas tras la dimisión de Lesmes, con evidentes debilidades argumentales para mantener el bloqueo y una llamada de atención de la Comisión Europea, sólo le queda ahora virar hacia una posición de Estado que nunca debió abandonar, pero que a la vez no le convierta en blanco de las críticas de la derecha más ultramontana por cumplir con lo que mandata la Constitución.
El líder del PP tendrá que elegir entre actuar de acuerdo a la imagen de político dialogante y moderado que busca cultivar para ocupar el carril de la centralidad política o amilanarse por la ofensiva que, seguro, desplegará contra él su competidor por la derecha si se aviene a renovar el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Hay una oportunidad que ha abierto Lesmes con su renuncia. Gobierno y PP lo creen así y han decidido hacer un último intento. Los plazos para el acuerdo serán cortos, muy breves, lo justo para que la derecha de Feijóo haga el aterrizaje que necesita para volver a ser un partido de orden y de cumplimiento de la legalidad. No hay más.