Denuncias vecinales obligan a Ayuso a multar con más de 220.000 euros a viviendas turísticas ilegales en Madrid
A unos pasos de la plaza de Santa Ana, al lado de los icónicos espejos de la calle Álvarez Gato, se alza un bello bloque de viviendas en el que muchos de sus ocupantes dejaron de ser vecinos hace tiempo para convertirse en turistas. En plena explosión del fenómeno Airbnb, una empresa inversora compró varios inmuebles de este edificio de la calle Núñez de Arce, en el corazón de Madrid, y decidió destinarlos a alquileres vacacionales, pese a no contar con licencia municipal para ello.
Los vecinos que aún quedaban denunciaron en 2019 la situación ilegal de estas Viviendas de Uso Turístico (VUT), a través de la Asociación de Vecinos de Sol y Letras. Los pisos se habían inscrito con esta denominación en el registro oficial de la Comunidad de Madrid, que permite apuntar explotaciones turísticas ilegales a través de una declaración responsable. En ellas sus propietarios aseguran tener el permiso del Ayuntamiento para abrir este formato de hotel en un espacio residencial. Pese a que esta licencia es algo muy difícil de conseguir actualmente, en el registro regional hay apuntados más de 12.000 viviendas de este tipo.
Hace unos días llegaron las multas para tres de los pisos situados en Núñez de Arce: la Dirección General de Turismo sancionó a la empresa responsable con 12.000 euros por vivienda, al constatar que había incumplido la legislación regional en materia de vivienda turística. También ha eliminado los inmuebles del Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid, según los documentos consultados por este periódico. La sanción por la vía administrativa es firme, aunque cabe recurso de reposición, se indica en la misma carta en la que se comunica la actuación del Gobierno de Ayuso.
Estas tres últimas sanciones se unen a otras 23 impuestas desde que hace casi un año comenzara la lluvia de multas por parte de la Comunidad de Madrid. En total se ha sancionado con más de 220.000 euros a particulares o empresas propietarias de negocios de alquiler turístico sobre VUT ilegales, informan fuentes vecinales consultadas por Somos Madrid. Y llegarán más, porque en este momento se encuentran abiertos otros 46 expedientes abiertos a otros establecimientos turísticos abiertos sin licencia en edificios vecinales.
Las asociaciones vecinales de Centro creen que a día de hoy existen miles de pisos turísticos ilegales en Madrid. Pero solo son perseguidos cuando los vecinos denuncian y después de un largo proceso que, como en el caso citado al inicio de este artículo, puede durar varios años. La Comunidad de Madrid se defiende explicando que solo cuenta con siete inspectores para poder corroborar todas las ilegalidades. Su plantilla se ha incrementado mínimamente en los últimos años pese a la enorme carga de trabajo que les queda por delante. "Van muy muy lentos por la falta de personal y por el tipo de proceso", se lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos de Sol y Letras, Víctor Rey. "Mientras, hay cantidad de vecinos y vecinas que están sufriendo en sus carnes los problemas de las viviendas turísticas ilegales", recuerda.
Las asociaciones llevan advirtiendo del problema de los pisos turísticos desde el año 2015, cuando detectaron que empezaban a multiplicarse y a generar conflictos en sus barrios. A partir del año 2017 comienzan las primeras denuncias ante el Ayuntamiento de Madrid, después de detectar un resquicio legal en el PGOU de la capital que podía servir para poner freno a un sector por aquel entonces totalmente desregulado.
El Ayuntamiento de Madrid aprobó en marzo de 2019 una legislación para limitar los cambios de uso (de residencial a terciario hospedaje) y frenar así la conversión de viviendas en pisos turísticos mediante el freno a las licencias municipales. La norma impide alquilar pisos a turistas en suelo residencial si no se cuenta con un acceso independiente al portal y, aunque fue recurrida en los tribunales, fue refrendada por la justicia. Esa es la situación actual de la vivienda turística en el Madrid de Almeida, aunque ha habido intentos del área de Desarrollo Urbano para permitir abrir VUT en bajos y en algunos primeros, una iniciativa ahora en dique seco.
La turistificación de los edificios en el centro de Madrid sufrió un parón con la pandemia primero y la crisis asociada a la guerra después –este año se han dado de baja hasta 350 viviendas turísticas en el registro regional– pero los vecinos temen que una recuperación paulatina del turismo, unida a la falta de controles, vuelvan a propiciar que las VUT ilegales florezcan de nuevo. "Ahora han vuelto a llenarse los fines de semana", advierten mientras vuelven a recopilar información de nuevas aperturas para volver a las denuncias: en el caso de Sol y Letras, la asociación las recoge en el email aavv.solybarriodelasletras@gmail.com o en su local físico, ubicado en la C/ San Damián.
En este contexto piden que Comunidad y Ayuntamiento compartan más fácilmente información para sancionar con agilidad a los infractores "y los que padecen el trasiego turístico ilegal hubieran sufrido menos disgustos", puntualiza Víctor Rey, mientras apunta que se están dando algunos pasos en ese sentido: según les informó la Dirección General de Turismo en una reunión reciente, el Ayuntamiento de Madrid les acaba de pasar información sobre unos 1.200 pisos sospechosos de operar en la ilegalidad. La sanción mínima posible para todos ellos acabaría traducida en multas por valor de más de siete millones de euros.