Golpe al separatismo escocés

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha cortado de raíz los planes del Gobierno escocés de celebrar un nuevo referéndum de independencia. Los cinco magistrados que lo integran han rechazado por unanimidad la posibilidad de que el Parlamento escocés pueda convocar por su cuenta una nueva consulta sin contar con la autorización del legislativo británico. El Gobierno formado entre el Partido Nacionalista Escocés (SNP) y los Verdes anunció en junio pasado sus planes para celebrar el nuevo referéndum independentista el 19 de octubre de 2023. Su decisión, sin embargo, fue vetada por el Gobierno conservador de Boris Johnson. La controversia constitucional escaló hasta la máxima instancia jurídica del país, que es la que ahora se ha pronunciado. «Aunque esté decepcionada, respeto el fallo del Tribunal Supremo», dijo Nicola Sturgeon , ministra principal de Escocia y líder del SNP, quien sabía perfectamente que no podía promover una consulta unilateral. Para que sus bases no adviertan el embuste, Sturgeon anunció que convertirá las elecciones generales de 2024 en un referéndum 'de facto' sobre la independencia, que es más o menos lo mismo que prometer la nada. Pero lo cierto es que no profirió ninguna amenaza al Gobierno ni al Parlamento británico, como sí venía ocurriendo en Cataluña hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía. Escocia, como Quebec en Canadá, ha sido puesta constantemente como ejemplo a seguir por los separatistas catalanes, pese a que la historia de Cataluña no guarda similitud alguna. Escocia era un reino independiente que se integró voluntariamente en el Reino Unido. El Gobierno británico sostiene que en 2014 se acordó un referéndum cuyo resultado –55 por ciento a favor del 'no' a la independencia y un 45 por ciento por el 'sí'– «vale para una generación», como recordó el primer ministro Rishi Sunak, que prefiere un lenguaje más templado que el de su antecesor, Boris Johnson, para abordar este asunto. Pero el independentismo, que pactó la consulta de 2014 con David Cameron, volvió a cobrar fuerza tras el referéndum del Brexit de 2016, en el que los escoceses certificaron su europeísmo votando en contra. Las diferencias del caso escocés y el catalán no se limitan a la historia. El fallo del Supremo británico deja claro que las partes no pueden decidir sin consultar al todo. Sturgeon no sólo mostró acatamiento a la sentencia, sino que siempre ha prometido una consulta legal, como la de 2014. Su línea de razonamiento es lógica: «El Supremo no legisla, solo interpreta la ley». Es otra gran diferencia con el separatismo catalán, que prefirió arremeter contra el Tribunal Supremo, desobedecer sentencias del TC, aprobar leyes a sabiendas de su flagrante inconstitucionalidad, y convocar una consulta ilegal sin autorización alguna ni del Parlamento ni de los tribunales. Lo que más llama la atención es la naturalidad con que operan las instituciones británicas pese a su constitucionalismo no escrito. No hay ningún llamamiento a la rebeldía, a la desobediencia o al desacato. Si acaso, bravuconerías de un independentista veterano como Alex Salmond, y poco más. En Cataluña se produjo una sedición de libro que ahora pretende despenalizar el Gobierno como manera de satisfacer al separatismo. En medio de una grave crisis económica y política, la democracia constitucional más antigua del mundo todavía puede brindar algunas lecciones.