Piden 3,5 años de cárcel a una exedil del PP en Bobadilla (Valladolid) por estafar 10.000 euros fingiendo trabajar en Hacienda

Un ex concejal de PP de Boadilla del Campo (Valladolid) se enfrenta a una pena de tres años de prisión tras estafar presuntamente 10.000 euros a la madre de un compañero de guardería de su hijo haciéndose pasar por una trabajadora de Hacienda que les permitía fraccionar una deuda. La Audiencia Provincial de Valladolid acoge este lunes la vista oral por el caso en el que el Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de estafa y estima además de la pena de prisión el pago de una multa de 2.700 euros y de una indemnización de 10.072 euros a las víctimas en concepto del montante del que se habría apoderado con su supuesto engaño. Los hechos se remontan a septiembre de 2019 cuando la acusada y la presunta víctima entablaron una cierta amistad al llevar ambas a sus hijos a la misma guardería . En esas conversaciones tras coincidir a las puertas del centro, la denunciante le comentó a la exconcejal que su madre y otras dos familiares habían heredado un piso y querían venderlo pero no podían al existir un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros que no podían asumir de forma inmediata. Es entonces cuando la imputada «guiándose por el propósito de enriquecerse injustamente a costa del patrimonio ajeno» le da una alternativa, de cuerdo con la calificaciones previas de la Fiscalía. Así, le habría ofrecido hablar con un alto funcionario de Hacienda para que les deje fraccionar el pago. Un contacto que asegura tener por trabajar en el organismo, lo cual no es verdad, pero así se lo traslada a la víctima al tiempo que le remarca su condición de concejal en el Ayuntamiento de Bobadilla del Campo, lo cual «aumentó la confianza de su amiga», que comenzó a realizar pagos escalonados al numero de cuenta que la imputada le habría facilitado . Una vez ya se habían realizado todos los pagos hasta satisfacer la cantidad que la familia debía abonar a Hacienda, la acusada con ánimo de que no la «descubrieran» les habría asegurado que la cancelación llevaría «unos meses» y remitido un correo electrónico con un supuesto certificado de Hacienda en el que se recogía que la madre de la denunciante estaba ya «al corriente de sus obligaciones» y que la vivienda estaba libre de cargas. Cuatro días después los perjudicados presentaron denuncia al «descubrir la falsedad de tales documentos ya que presentaban notables diferencias con los auténticos», sostiene la acusación pública.