Cuando gane la derecha...

No pocos ciudadanos de izquierdas están aceptando que la derecha va a ganar el 23 de julio. Más allá de las encuestas, unánimes en pronosticar esa victoria, la diferencia en los resultados de las municipales y autonómicas es demasiado grande como para pensar que sea posible una remontada de esas dimensiones. Ese es el signo del momento, que aplasta cuitas políticas menores, entre ellas el espectáculo de la formación, hasta ahora en el aire, de un frente unido de los partidos colocados a la izquierda del PSOE.

La batalla que se libra en torno a esto último necesariamente juega a favor del PP. Porque empieza a ser cada vez más indefendible una propuesta electoral de gobierno de izquierdas de la que forme parte ese universo de partidos que en estos momentos, y a pesar del reto que todos ellos tienen por delante, se están golpeando sin contemplaciones. A menos de siete semanas de las elecciones.

Está claro que no todos ellos tienen la misma responsabilidad del desaguisado. La actitud de la dirección de Podemos, un partido que podría prácticamente desaparecer si se presenta solo, es la causa principal de los problemas. Y la posición de Pablo Iglesias, que la inspira, sólo se podría entender si él mismo tuviera proyectos personales que no se verían afectados por el resultado electoral, por nefasto que este fuera.

Volviendo a las encuestas, todas ellas pronostican una caída relativa, pequeña incluso en alguna de ellas, del Partido Socialista. La decisión de Pedro Sánchez de que se vote en pleno periodo de vacaciones no debería precisamente revertir ese signo. Es muchísima la gente que protesta por ello. En la derecha, por supuesto. Pero en la izquierda también.

Aunque visto lo que ha ocurrido en los diez días que han trascurrido desde la convocatoria de elecciones, se comprende mejor una decisión tan arriesgada. Porque en ese tiempo y aparte de la batalla cruenta en el seno de la izquierda más allá del PSOE, se han visto algunas salidas de tono que sólo se explican por el estado de nervios en que se debe encontrarse la dirección socialista y, en particular, su máximo responsable, Pedro Sánchez. Lo de proponer seis debates con Feijoo es el más llamativo de esos desatinos. Si faltaran aún cinco meses para la celebración de las generales, y siempre en la perspectiva de que el PP sería el favorito para ganarlas, los despropósitos podrían sucederse hasta el desastre final.

En cambio, en el otro lado del espectro político no sucede nada relevante. Núñez Feijóo parece haber apostado por la inacción como la mejor vía para propiciar lo que unos cuantos sociólogos respetables aseguran que ya está produciendo: un cambio de ciclo a favor de la derecha que los resultados del 28 de mayo no han hecho sino confirmar, pero que resulta evidente en las actitudes de muchos exponentes de la dinámica social.

En definitiva, que ahora lo importante, milagros casi imposibles aparte, es discernir qué va a suponer ese cambio en la conducción de la política y en la vida de los ciudadanos corrientes. La polémica sobre la influencia que en ello pueda tener la participación o no de Vox en el futuro gobierno de Núñez Feijóo es irrelevante. Porque Vox entrará en ese gabinete si sus votos son imprescindibles y las encuestas sugieren que eso es lo que va a ocurrir a menos que el PP dé un salto hacia delante de última hora, algo que tampoco se puede descartar.

Pero es que, además, ya empieza a estar claro que la invocación del fantasma de Vox, de la ultraderecha, ya no puede ser el factor movilizador que pueda ayudar sustancialmente a la izquierda. Ese tiempo ya ha pasado y aunque las encuestas sigan diciendo que el partido de Abascal va a obtener un buen resultado, su programa y su acción política están haciendo cada vez más evidente que Vox no va a ser el factor rompedor que puede reventar el sistema político. Y esa percepción se está generalizando.

Núñez Feijóo ha anunciado que va a derogar la ley de memoria histórica. Y Vox no puede sino aplaudir esa iniciativa que en el fondo es una de las señas de identidad de su programa. Que ninguno de los mayoritarios canales televisivos y periódicos de derechas haya expresado la mínima crítica a esa prevista derogación confirma que ese mundo, Núñez Feijóo incluido, está por el revanchismo más retrógrado en una materia que para la otra parte de España es una demanda irrenunciable que se creía satisfecha.

La derogación de la ley de memoria histórica es seguramente el punto más definitorio del programa de Feijóo. El de la vuelta a los principios de una derecha que viene del franquismo y que no está dispuesta a romper con los lazos afectivos e incluso ideológicos que le unen a este. La atención a las demandas de los perdedores de la Guerra Civil fue siempre asumida como una afrenta por el PP, y por Vox, y no cabía sino esperar que estos se cargaran cualquier avance que se hubiera producido en este sentido.

El gobierno de Núñez Feijóo nacerá con ese estigma por voluntad propia y, precisamente por esa decisión, no podrá ser calificado de moderado. Tampoco serán muy ambiguas las decisiones que tome en materia de estructura del poder judicial, tras haber retrasado cinco años la renovación del mismo, justamente con el fin de acomodar su funcionamiento a sus propios intereses. Casi de milagro, porque la derecha hizo barbaridades para tratar de impedirlo, el Tribunal Constitucional se ha escapado a su control. Habrá que ver cuándo empiezan los ataques contra el mismo.

Menos previsible, cuando menos en sus detalles, es lo que hará el gobierno del PP en materia económica y social. Ya ha dicho que retocará la reforma laboral, seguramente en línea con los sectores de la CEOE que se opusieron a la misma, pero no ha mencionado otros aspectos como el de las pensiones. Cabe esperar que en los primeros meses ocurrirán pocas cosas fundamentales en este ámbito, que estas llegarán más adelante.

Aunque sólo sea porque en los ambientes económicos y empresariales de derecha hay un clamor contra el aumento del gasto social que ha propiciado el gobierno de coalición y contra la larga lista de medidas sociales que ha aprobado. Núñez Feijóo nos apabullará con el argumento de que el déficit y la deuda son demasiado altos como para no hacer recortes. Estos serán inevitablemente otra de las señas de su gobierno.