Una negra sombra parece cernirse sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Tras años de tiras y afloja, de planes frustrados, de parones y de reinicios, el segundo intento por adjudicar el concurso para su construcción ha vuelto a quedar desierto , según informa Ep, y con él se van por el desagüe muchas de las posibilidades de sacarlo adelante. Desde el Gobierno regional avanzan que ha habido que declarar desierta - por segunda vez en seis meses - la licitación «al no ajustarse la oferta a los criterios del pliego», pero no avanzan si esto supondrá el adiós definitivo a esta iniciativa. Se limitan a señalar que «el Gobierno regional buscará la mejor vía para reunificar las sedes judiciales». El Gobierno regional resucitó este proyecto, que en su día puso en marcha Esperanza Aguirre como Campus de la Justicia y luego replanteó Ignacio González como Ciudad de la Justicia, para ser después frenado en seco y suspendido por Cristina Cifuentes. Díaz Ayuso volvió a la carga con él porque en el PP siempre han pensado que reagrupar las decenas de sedes judiciales salpicadas por toda la región era un buen plan. En agosto de 2022 se abrió el plazo para la concesión del contrato de construcción, gestión y explotación y mantenimiento de la Ciudad de la Justicia, en Valdebebas. Noticia Relacionada estandar No Esperanza Aguirre tendrá que testificar en el juicio por las irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid ABC El juicio arrancará el 4 de marzo de 2024 y durará doce días: hasta el 21 de ese mismo mes Pero en noviembre, este concurso quedaba desierto, al no haberse recibido ninguna oferta económica. Se dijo entonces que habían puntuado en contra factores como la subida de precios, la inestabilidad económica y en el coste de los materiales de construcción debida a la guerra de Ucrania, y la incertidumbre general en el ámbito internacional por esta misma causa. Se intentó de nuevo entonces por otro procedimiento: mediante un procedimiento negociado y sin publicidad que invitaba directamente a unas pocas empresas a participar, introduciendo algunos cambios. No obstante, según asegura la Administración, no fueron cambios de fondo sino «en conceptos como liberar a la empresa concesionaria de la obligación de incluir la seguridad en el paquete». No se tocó, sin embargo, la cuantía total que debería abonar la administración durante la vida del contrato, que sería de 2.547,3 millones de euros. Las empresas invitadas a participar en este proceso, tras quedar desierto el primer concurso, fueron Aldesa, FCC, OHLA, Rover Grupo, Sacyr, Dragados, el grupo Azvi, Iridium (del grupo ACS), Concesiones de Infraestructura, Ferrovial y Acciona. La Comunidad recibió una una única oferta: la de Iridium Concesiones de Infraestructuras -participada al 100% por ACS Actividades de Construcción y Servicios- y Acciona Concesiones. Pero ésta no cumplía con el pliego de condiciones, por lo que el contrato ha quedado desierto. Y así se le ha comunicado por escrito a la UTE que había presentado dicha propuesta. En concreto, explican fuentes de la Consejería de Presidencia Justicia y Administración Local, que dirige Miguel Ángel García Martín, la Mesa de Contratación, formada por seis funcionarios, han estudiado el expediente y ha determinado que la oferta no cumple con lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. A partir de este momento, afirman las mismas fuentes, «el Gobierno regional buscará la mejor vía para reunificar las sedes judiciales y lograr una gestión más eficiente de los recursos a disposición de la Administración de Justicia». La construcción de la Ciudad de la Justicia supone una inversión de 500 millones de euros. Es lo que tendría que poner el ganador del concurso, que a cambio ingresaría un canon de 50 millones de euros al año pagado por el Gobierno regional, unos 2.100 millones de euros en el plazo de concesión, de 40 años. El hecho de sustituir la dispersión actual de sedes por una única instalación que las unifique supondría para las arcas regionales un ahorro superior a los 20 millones de euros , respecto a los 72 millones que invierte anualmente en la prestación del mismo servicio, incluyendo arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.
