La llamada Ley DeSantis, que entró en vigor en Florida, el pasado 1 de julio, viola los derechos humanos de las personas migrantes, causará discriminación y exacerbará conductas hostiles y de odio hacia ellos, porque se endurecerán los castigos a empleadores, denunció el grupo parlamentario del PT.Ante esta situación, la coordinadora de PT, Geovanna Bañuelos de la Torre; así como sus compañeras Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla Peña solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, a través de la red consular en Florida, en Estados Unidos, fortalezca las medidas de protección para los migrantes mexicanos.En un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del martes, 11 de julio, las legisladoras y el senador también pidieron que, a través de la red consular en el estado de Florida, se establezcan mesas de diálogo con asociaciones defensoras de derechos humanos, así como con el gobierno de Estados Unidos, para proteger los derechos de las personas migrantes.Detallaron que, en 2018, de acuerdo con Current Population Survey, se estimó que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano, mientras que el Consejo Nacional de Población informó que las entidades federativas con un mayor índice de intensidad migratoria hacia ese país son Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.“Lamentablemente, muchas de las medidas que se establecen a nivel federal y local, en los Estados Unidos, atentan contra los derechos de las personas migrantes, haciendo que la experiencia de migrar sea dolorosa, discriminatoria y con graves daños a la integridad”.Recordaron que entre las disposiciones de esta normativa se encuentra la obligación para las empresas con más de 25 empleados de utilizar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno de sus trabajadores, al igual que dificulta el acceso de las personas migrantes a la atención médica.“La ley también impone sanciones a personas que oculten, alberguen, transporten o protejan a personas inmigrantes en situación irregular, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta cinco mil dólares”.LG
