Se han cumplido dos meses desde la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda, prácticamente la última aprobada por el Gobierno antes de convocar elecciones, y el resultado para los propietarios y ‘tenedores’ es exactamente el avisado previamente por los expertos: los nuevos trámites que establece la norma para proceder a desahucios de okupas que se niegan a pagar los alquileres, o que directamente invaden un domicilio que no es suyo, están dificultando enormemente cualquier desalojo. Los trámites administrativos se eternizan más que antes y los gastos también se multiplican antes de poder presentar una demanda judicial. La norma, y ya advirtió ABC de ello, está concebida como un todo ultraprotector de morosos y ocupadores ilegales de viviendas bajo el pretendido argumento de que la ley debe proteger a los más desfavorecidos. Y en una inmensa mayoría de supuestos no es el caso. La ley está generando inseguridad jurídica y además estigmatiza al propietario.
