La Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha apoyado la admisión de una querella por crímenes contra la humanidad y torturas sufridas por un sindicalista durante su detención en los años 70. La nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la guerra civil y la dictadura franquista. Con este nuevo marco normativo y el análisis de la jurisprudencia nacional e internacional y de los Tratados y Convenios internacionales, la Fiscalía concluye que no procede la inadmisión de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento. El Ministerio Fiscal recuerda en su informe la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas, puesto que son «principios articuladores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como de la propia Ley de Memoria Democrática».
