Comunidades indígenas demandan al Estado por no reconocerles propiedad de sus propias tierras en Loreto
En busca de justicia. En el Juzgado de El Estrecho, en la región Loreto, se llevó a cabo una nueva audiencia por la demanda de amparo constitucional que tres pueblos indígenas interpusieron ante el Estado por la titulación completa de su territorio, lo que significa un caso emblemático y pionero de titulación indígena en el Perú.
Esta demanda fue presentada por las comunidades Secoya Mashunta, San Martín de Porres y Vencedor-Wajoya en diciembre de 2021 en contra del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Gobierno Regional de Loreto.
En ella se exige el reconocimiento de la propiedad integral de alrededor de 120.000 hectáreas de territorio histórico, que han sido determinadas por el Estado peruano como de “aptitud forestal” y, por ello, se encuentran bajo la figura de “cesión en uso”.
Asimismo, las tres comunidades nativas de Loreto exigen que se modifique el título de propiedad y se elimine la figura de cesión de uso del mismo.
Actualmente, su título de propiedad divide su territorio en espacios de aptitud agrícola, ganadera y forestal. Este último, que representa hasta un 80% del territorio, se encuentra en “cesión de uso”, lo que implica que el Estado peruano estaría “prestando” a las comunidades nativas su propio territorio ancestral.
No obstante, ya ha pasado casi tres años del proceso y no tienen sentencia, lo que ha mantenido esta vulneración de derechos sobre los territorios indígenas.
En la audiencia judicial, las comunidades Secoya sostuvieron que el Estado desconoció sus obligaciones de garantizar seguridad jurídica sobre territorios indígenas, establecidas en el Convenio 169 de la OIT y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Nuestras formas de vida son distintas, vivimos de la fruta, la pesca, de todo lo que da el territorio, por eso decimos que el territorio es como una madre", sostuvo Anselmo Sandoval, presidente de la Organización Indígena Secoya del Perú, durante la audiencia en el Juzgado del Estrecho.
Desde que se interpuso la demanda, los jueces de primera instancia han rechazado pronunciarse sobre la petición de las comunidades secoyas en dos ocasiones por cuestiones formales.
Todo esto ha demandado sacrificios desproporcionados para las comunidades secoyas sacrificios, como viajar en varias ocasiones a Iquitos, capital de Loreto, y El Estrecho, en la provincia de Putumayo, a fin de asistir a las audiencias, como la que se realizó este jueves 27 de junio, que fueron suspendidas o para hacer valer sus derechos ante la Corte de Loreto.
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