El ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana Emilio Argüeso, imputado en la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, ha asegurado a la juez que «el 112 no envió comunicación alguna al Cecopi» sobre las 19.821 llamadas -algunas advirtiendo del desbordamiento del barranco del Poyo- que recibió aquella fatídica jornada. No lo hizo, apunta, «pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte» de esa reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado. Por ello, la defensa de Argüeso pide a la magistrada que no incorpore a la investigación los audios de las llamadas al teléfono de emergencias, al considerar que «no va a aclarar absolutamente nada» sobre el envío de la alerta masiva tardía (20.11h), clave, según la instructora, para haber evitado muchas de las muertes. Esas grabaciones, afirma, se acabaran filtrando y generarán «alarma social», además de daño a las víctimas. En ese sentido, reclama que ponga el foco en esa falta comunicaciones entre dos organismos ubicados en el mismo edificio de l'Eliana. Así consta en un escrito de alegaciones, fechado el 18 de marzo y consultado por ABC, que su abogado ha remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja en respuesta a un auto en el que la magistrada rechazó incorporar todas las llamadas . No obstante, abrió la puerta a hacerlo con el consentimiento individual de cada una de los afectados, algo que ya ha ocurrido en al menos un caso concreto. Medidas que la defensa del ex alto cargo de ls Generalitat considera «totalmente impertinentes e inútiles» . Hace unos días, Argüeso ya solicitó a la juez que le aclarara los motivos por los que se le investiga y lamentó no tener acceso a la documentación de la causa, algo que recalca en este nuevo escrito. «Estamos actuando en absoluta indefensión», reitera. El entonces director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias fue cesado del Gobierno autonómico de Carlos Mazón a finales de noviembre, junto a quien era consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, también imputada en este procedimiento judicial. Ambos han sido citados a declarar el próximo 11 de abril .
