Felipe Vergara por acuerdo entre Trump y Bukele: “Los DD.HH también rigen a las personas privadas de libertad”

Las medidas implementadas por Donald Trump y Nayib Bukele han generado intensas críticas debido a su enfoque en la deportación de migrantes y el combate al crimen organizado. Ambos líderes son señalados por actuar fuera de los marcos legales internacionales, especialmente en el caso de la deportación de supuestos miembros del Tren de Aragua a El Salvador. Estas personas fueron encarceladas sin juicio previo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó que más de 260 migrantes fueron deportados a El Salvador durante el fin de semana, incluidos presuntos miembros del Tren de Aragua. Según Robert Cerna, director interino de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, estas deportaciones se realizaron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que permitió la expulsión de más de la mitad de los deportados. Aunque algunos no tenían antecedentes penales en Estados Unidos, las autoridades atribuyeron esto a su breve estancia en el país. A pesar de no revelar las identidades de los expulsados, el Gobierno enfatizó la amenaza que representan para la seguridad pública.

El presidente salvadoreño, confirmó el arribo de los detenidos y su traslado inmediato al CECOT. Según Bukele, estos reclusos permanecerán allí por un año, con posibilidad de prórroga. Además, destacó que este acuerdo con Estados Unidos contribuye a hacer “autosostenible” el sistema penitenciario salvadoreño, ya que el gobierno estadounidense cubrirá los costos de reclusión. Las imágenes difundidas por el gobierno salvadoreño mostraron el operativo de recepción de los presos en el aeropuerto, su traslado encadenados y su ingreso al CECOT bajo estrictas medidas de seguridad.

Este acuerdo migratorio, conocido como “Tercer País Seguro”, permitió a Estados Unidos deportar migrantes de otras nacionalidades a El Salvador, evitando que soliciten asilo en suelo estadounidense. El objetivo principal era agilizar la deportación de ciudadanos de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, evitando especialmente  lidiar con el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro con estos retornos de miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, designado por Trump como una “organización terrorista”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Felipe Vergara, analista político internacional de la Universidad de Santiago, respecto a la cercanía del mandatario estadounidense con su par de El Salvador, señaló que “los dos son bastante populistas, su mirada es también de extrema derecha y su capacidad de relacionarse con quienes son de oposición son nulas, o sea, quien ha sido hoy en día ya, a pasos agigantados, una forma de dictador de El Salvador, modificó la constitución para poder reelegirse, pese a que estaba prohibido. Ha dominado el Congreso, el Poder Judicial, y aunque en el modelo norteamericano esto es democrático, también hoy en día el presidente de Estados Unidos domina el Congreso y el Poder Judicial. Hace y deshace al igual que Bukele”.

Según DW, el traslado al CECOT refleja una sintonía entre Bukele y la administración Trump en una estrategia para combatir la criminalidad que prioriza la seguridad ciudadana sobre el respeto a las leyes y decisiones judiciales.

José Marinero, analista político, señaló que “Bukele acaba de obtener un espaldarazo por parte del Gobierno de Trump. Esto va a fortalecer la internacionalización de su modelo, donde parece que todo está justificado en razón de la seguridad ciudadana, incluso operar al margen de la ley”.

El propio presidente salvadoreño se burló en redes sociales del fallo del juez federal James Boasberg, quien bloqueó temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y ordenó el regreso de los deportados. “Ups, demasiado tarde”, escribió Bukele en X, acompañado de un emoticón riéndose, aludiendo a que la decisión judicial llegó cuando los deportados ya volaban sobre aguas internacionales.

Por estos hechos y otros más, el régimen de excepción implementado por El Salvador ha sido objeto de críticas debido a la falta de transparencia en los procesos judiciales y las detenciones masivas. Según el mandatario, de los más de 80.000 detenidos bajo este régimen, 8.000 han sido liberados tras ser encontrados inocentes. Sin embargo, este dato fue cuestionado por analistas y organizaciones, quienes señalaron que no existe acceso público a la información que respalde estas cifras.

Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), subrayó que si Bukele reconoce la liberación de 8.000 personas, esto implica un margen de error del 10% en las detenciones realizadas. Esto contrasta con declaraciones previas del presidente, quien había asegurado que solo el 1% de los detenidos eran inocentes. Estas discrepancias plantean serias dudas sobre la precisión y legalidad de las capturas, así como sobre el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En la misma línea, el académico de la USACH, indicó que “es muy complejo poder hablar de los derechos de los presos, no es algo glamoroso que genere un atractivo, sin embargo, por muy presos que estén, por muy condenados que estén, los derechos humanos también rigen a las personas que están privadas de libertad, y eso es algo que Bukele no está respetando, y que Trump pareciera propiciar, al enviar delincuentes del Tren de Aragua a la cárcel de El Salvador. Entonces se rompe acá un esquema de derechos humanos”.

“Es verdad que está el derecho humano de la víctima, no hay duda de eso, pero detrás de cada convicto hay una familia, hay una historia también, que se debe tener en consideración, lo que no disminuye en nada la gravedad de los hechos, pero que sí, para lo que que tenemos una mirada humanista, hay que tenerlo en consideración. Este modelo y estas cárceles en particular no propician la reinserción social”, enfatizó.

Por último en relación a los riesgos de que estas prácticas puedan convertirse en referencias para otros países de América Latina, resaltó  que “en Chile hay varios que admiran a Bukele y este modelo, ya que es populista, sensacionalista, llega fácil a la ciudadanía y hace sentido”.

“Entonces, gobiernos de extrema derecha o izquierda van a ver esto como una oportunidad, ya que no es misterio para nadie que la delincuencia está peor que nunca en nuestro continente. En Perú han pasado cosas gravísimas en el último tiempo, en Chile, Brasil, Argentina también se han vivido cosas similares, por lo que es riesgoso y estas medidas oportunistas se venden muy bien”, finalizó.