¿ICE está cruzando la línea? Activistas aseguran que los derechos humanos de inmigrantes fueron violados en Chicago
En las primeras semanas del segundo mandato del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue acusada de violar los derechos humanos de al menos 22 personas durante arrestos en Chicago. Según los denunciantes, estos arrestos, realizados en enero y febrero de 2025, no solo afectaron a inmigrantes indocumentados, sino también a un ciudadano estadounidense. La Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR) presentó una demanda federal ante el Distrito Norte de Illinois, alegando que ICE violó acuerdos previos sobre procedimientos de arresto y detención.
La demanda, presentada el 13 de marzo, exige que ICE sea más transparente en sus operaciones y que se presenten sanciones contra los oficiales responsables. Los activistas destacan que estas detenciones se realizaron sin órdenes judiciales y en muchos casos, sin evidencia que justificara los arrestos. El caso ha generado controversia sobre la legalidad de los métodos utilizados por ICE en el cumplimiento de sus operativos.
¿Qué hizo ICE en Chicago?
En el área metropolitana de Chicago, ICE llevó a cabo operativos de inmigración durante enero y febrero de 2025. Uno de los arrestados fue deportado. Entre los detenidos también se encuentraba Julio Noriega, un ciudadano estadounidense arrestado el 31 de enero de 2025 mientras caminaba por Berwyn, entre la Cermark Road y Harlem Av. Noriega estuvo detenido durante más de 10 horas sin una orden judicial, hasta que los oficiales descubrieron que era ciudadano del país tras revisar su billetera, momento en el que fue liberado.
Otro caso destacado es el de Abel Orozco Ortega, detenido el 26 de enero cuando regresaba a su hogar en los suburbios de Chicago, tras comprar tamales para su familia. A pesar de que ICE estaba buscando a su hijo, también llamado Abel Orozco, Ortega fue arrestado y continúa detenido en Indiana. Los activistas aseguran que ICE está actuando de forma desproporcionada, afectando a familias y personas sin antecedentes criminales.
La familia de Ortega ha declarado que se les está complicando pagar las cuentas sin el padre en casa, debido a que su esposa sufre de cáncer de mama. Por su parte, el hijo, que es ciudadano estadounidense, declaró en una conferencia de prensa: “Todos somos humanos, merecemos ser tratados como tales”.
Activistas y abogados denuncian presunta violación de derechos humanos
Los abogados de ICIRR han expresado su preocupación sobre el incumplimiento de un acuerdo firmado en 2022 entre grupos de Chicago y el gobierno federal. Este acuerdo especifica cómo ICE debe realizar arrestos de manera legal, especialmente cuando se trata de detenciones colaterales, es decir, cuando se arresta a personas que no son el objetivo principal de la operación. Según el acuerdo, ICE debe tener pruebas claras de que una persona es un riesgo de fuga antes de arrestarla sin una orden judicial.
Mark Fleming, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), criticó públicamente las prácticas de ICE. “Cada vez que escuchas a esta administración hablar sobre cómo están capturando a miembros de pandillas, terroristas, lo peor de lo peor, necesitas tomar una dosis de realidad”, declaró durante una conferencia de prensa. “Necesitas profundizar más para entender quiénes son exactamente a quienes están arrestando”. Según los especialistas legales, los arrestos de inmigrantes en Chicago fueron injustificados y violaron acuerdos previos, afectando los derechos humanos de los detenidos.
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Presentan demanda federal contra ICE
El 13 de marzo de 2025, ICIRR presentó una demanda federal en nombre de las 22 personas detenidas, buscando sanciones contra los oficiales de ICE y exigiendo la liberación de los dos detenidos restantes. La organización argumenta que las órdenes judiciales presentadas por ICE eran defectuosas, con errores en los nombres de los detenidos, fechas incorrectas y espacios vacíos que debían haberse llenado. Además, se menciona que algunos oficiales no estaban presentes durante la emisión de las órdenes.
Algunos de los detenidos no tenían antecedentes criminales, lo que ha intensificado las críticas sobre la forma en que ICE maneja sus operaciones en ciudades consideradas “santuario” como Chicago. Los activistas y abogados exigen una mayor transparencia y rendición de cuentas en las prácticas de detención, algo que los activistas consideran vital para evitar abusos y violaciones de derechos humanos.
El gobierno federal tiene hasta principios de abril para responder ante el tribunal. La demanda podría tener implicaciones a nivel nacional, ya que, aunque el acuerdo de 2022 solo cubre seis estados (Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Kentucky y Wisconsin), los activistas esperan que otros estados se sumen a la causa si las alegaciones de abuso se confirman.