Maya Fernández sortea juicio político por casa de Allende: Cámara rechaza AC en su contra

La Sala de la Cámara de Diputados ratificó el informe desfavorable sobre la acusación constitucional contra la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, y rechazó el libelo impulsado por Chile Vamos y el Partido Republicano. Esto, en el marco de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

La sesión contó con la asistencia presencial de Fernández, quien estuvo acompañada por ministros de Gobierno como Álvaro Elizalde, Aisén Etcheverry, Macarena Lobos y Nicolás Cataldo. “Yo siempre he respetado el Congreso y aquí estoy“, dijo la exautoridad a su llegada. Cabe destacar que Fernández no invocó la denominada cuestión previa, que se utiliza para objetar requisitos constitucionales, y pasó directo al fondo.

Desde la oposición, cuestionaron que, en su calidad de ciudadana, Fernández fuera respaldada por secretarios de Estado y acusaron una “maniobra dilatoria” del oficialismo por el retraso del comienzo de la sesión en 36 minutos. Los parlamentarios de oposición argumentaron que la ex titular de Defensa infringió el artículo 37 bis de la Constitución, que establece que los ministros no pueden celebrar o caucionar contratos con el Estado durante su cargo.

El diputado acusador, Luis Sánchez (republicano), sostuvo que la sola enunciación del artículo mencionado anteriormente ya es suficiente para comprender la gravedad de la situación. “No se admiten acá interpretaciones oscuras o causas. En este caso, la exministra Fernández siendo ministra y copropietaria del inmueble en cuestión participó en la firma de una escritura pública de compraventa con el Estado”, relevó.

“La falsa premisa de que el contrato de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende no se habría perfeccionado porque faltan los decretos aprobatorios de la Contraloría, es una distorsión de nuestro ordenamiento jurídico y un intento de confundir a la ciudadanía. El contrato de compraventa no depende de un decreto de la Contraloría para estar perfeccionado. En nuestro derecho, para quiénes no saben, la compraventa o un inmueble se perfecciona al momento en que se firma la escritura pública entre las partes”, añadió.

Sin embargo, la comisión revisora y la Sala de la Cámara de Diputados decidieron rechazar la acusación constitucional. La votación final fue de 70 votos en contra y 64 a favor.

Claudia Sarmiento Ramírez, abogada defensora de Fernández, descartó intención de “tráfico de influencias” por parte de la ex secretaria de Estado y aseguró que “su condición de ministra era para estos efectos anecdótica. Lo determinante fue ser nieta del presidente Salvador Allende. Un objetivo razonable que fue ejecutado de forma transparente, siguiendo los procedimientos legales a efectos, así como todas las acciones dedicadas asociadas a este”.

“Pública fue la decisión de política iniciada por el Gobierno. Pública fue la aprobación de esta Corporación en la ley de presupuesto de los recursos para adquirirla. Esta parte no puede sino asumir entregar recursos conocidos ex antes para la compra de esta propiedad, se hizo con la convicción de que sobraba dentro de la legalidad, dentro de las propias competencias y a la postre, respetando la Constitución pública, fue la participación de la Contraloría General de la República, cuya principal misión es el control de la legalidad y la constitucionalidad de los actos de la administración y que la propia Contralora ha ratificado esta semana”, señaló.

En ese sentido, aseveró que “doña Maya Fernández Allende no usó su cargo público para granjearse dividendos económicos espurios. Muchos de ustedes la conocen. Maya fue concejala, fue diputada y fue presidenta de esta Cámara”.

“Ella sí una servidora pública, no es empresaria, no inició un desarrollo inmobiliario a a partir de la casa de su abuelo. Quien diga lo contrario tiene la carga de acreditarlo. Sancionar a doña Maya Fernández Allende después de haber puesto su cargo a disposición está teñido del amargo sabor de la venganza“, afirmó.