Más de la mitad de las nuevas viviendas protegidas que se iniciaron en 2024 en Madrid –concretamente, el 53 por ciento– están en la Comunidad de Madrid. Según los últimos datos de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, en España se solicitaron el año pasado 23.967 calificaciones provisionales de viviendas protegidas, de las cuales 12.648 están en la Comunidad de Madrid. Esto supone un incremento del 682% con respecto a 2023, cuando se registraron 1.854 viviendas protegidas en la región (12.304 en España). Un «crecimiento sin precedentes», señalan los promotores, que se debe a las medidas del Pacto Regional por la Vivienda. Este crecimiento sin precedentes se ha producido gracias a medidas disruptivas impulsadas por la Comunidad de Madrid en el marco del Pacto Regional por la Vivienda, que ya cuenta con ocho de sus 10 medidas en vigor. Entre estas, las que se han demostrado como más efectivas, según la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, son la actualización de precios máximos de vivienda protegida, que entró en vigor en febrero de 2024; los convenios de simultaneidad en desarrollos urbanísticos clave como Los Ahijones y Los Berrocales; y la ley de cambio de usos, aplicada especialmente en zonas como Valdebebas, que ha facilitado el desarrollo de vivienda protegida de alquiler en suelos inicialmente destinados a otros fines como oficinas. Carolina Roca, presidenta de Asprima, valoró este jueves los datos como una «gran noticia para el sector». Es un «importante repunte es una muestra clara de que las medidas que fomentan la oferta de viviendas están funcionando». A su modo de ver, «hay que seguir por esta vía, eliminando trabas burocráticas, activando suelo finalista y reforzando la colaboración público-privada». Hay otro dato digno de reseña. el 68 por ciento de las obras iniciadas en la región en 2024 son viviendas protegidas, una tendencia que confirma el impulso estructural que está experimentando este segmento del mercado. De las dos medidas que aún quedan por implementar del pacto, la más urgente y prioritaria, según los promotores, sería la actualización del reglamento de vivienda protegida, actualmente basado en una normativa de 2009.
