Consumo advierte a las inmobiliarias tras el expediente contra Alquiler Seguro: augura una lluvia de sanciones por prácticas abusivas
Consumo recrudece su lucha contra las prácticas abusivas en el mercado inmobiliario. El expediente abierto contra Alquiler Seguro por, presuntamente, cobrar comisiones por la gestión del arrendamiento, prohibidas según la Ley de Vivienda, y forzar la contratación de seguros y servicios no deseados, no será el único. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha apuntado este viernes que probablemente habrá más sanciones para evitar que impere una suerte de "ley de la selva" en el sector de la vivienda.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, el ministro ha avisado de que "ningún modelo de negocio puede estar por encima de la ley y quien la infringe debe rendir cuentas". "Pero en el mercado de la vivienda parece que se ha normalizado que rija una cierta ley de la selva", ha añadido. Tras el expediente sancionador a Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a inquilinos, Bustinduy ha apuntado que es posible que haya más casos. "En el caso de grandes inmobiliarias denunciadas por prácticas abusivas tenemos más investigaciones en curso y, si probamos que están sustanciadas, abriremos expedientes", ha asegurado.
El Ministerio de Consumo anunció este jueves la incoación de un expediente sancionador a Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler tras las denuncias de Facua, la OCU y el Sindicato de Inquilinas-CECU. Las infracciones cometidas por Alquiler Seguro podrían calificarse como graves, según la ley de Defensa de los Consumidores, y ser sancionadas con hasta 100.000 euros o hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido; o como muy graves, con hasta un millón de multa o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
El CEO de Alquiler Seguro, David Caraballo, defendió, ayer, en declaraciones a la prensa que la plataforma cumple a "rajatabla" con la norma desde hace 17 años, aunque están dispuestos a revisar sus protocolos ante la "interpretación" del Ministerio de Consumo para llegar a un acuerdo que evite la sanción. En declaraciones a medios, Caraballo aseguró que los gastos de gestión inmobiliaria recaen sobre el propietario y que todos los servicios adicionales ofrecidos a los inquilinos son voluntarios. El Sindicato de Inquilinos de Madrid denunció, en cambio, que "obligan al inquilino a firmar cláusulas abusivas".
Bustinduy anima a los inquilinos afectados por prácticas abusivas a denunciar, lo que no necesariamente se debe traducir en perder un piso que se quiera alquilar: "Se puede pagar y posteriormente ir a las autoridades de Consumo para denunciar, con el fin de que reintegren el importe", ha afirmado.