Familiares de presos políticos denuncian ante ONU falta de respuesta del Estado venezolano
Una treintena de personas, entre ellas familiares de presos políticos, presentaron este viernes una denuncia ante la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Caracas, reclamando la falta de respuestas de las instituciones del Estado a sus solicitudes realizadas hace un mes. Entre sus peticiones se encuentran la revisión de casos y la creación de una mesa de diálogo.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) destacó que, hace un mes, recorrieron varias instituciones, como el Palacio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Servicio Penitenciario y la Fiscalía, para entregar documentos con demandas que también incluían «acceso a atención médica oportuna y especializada», «libertad plena e inmediata para todos» y permitir la defensa privada.
Además, exigieron el «fin de los traslados arbitrarios sin notificación» y que se garantice «las visitas de familiares sin restricciones».
Sin embargo, «luego de un mes, incluso de haber pasado los 15 días hábiles que ellos mismos dijeron que debíamos esperar, no hemos obtenido ningún tipo de respuestas ni se han comunicado con ninguno de los familiares», declaró Sairam Rivas, pareja del exconcejal de Caracas Jesús Armas, quien fue detenido el 10 de diciembre.
«Al contrario, la respuesta del régimen ha sido afianzar y aumentar la persecución contra los familiares», añadió la activista, quien denunció haber sido «nuevamente amenazada» por el ministro de Interior, Diosdado Cabello.
Rivas también presentó un documento ante la ONU con las solicitudes realizadas hace un mes y con peticiones específicas a los representantes del organismo internacional, como hacer un «llamado urgente» al Estado para «acabar con el aislamiento prolongado» y gestionar «medidas humanitarias para todos los presos políticos que, en este momento, se encuentran con graves patologías y estados de salud».
Además, exigieron que «intercedan ante el Estado para que cese la persecución y el hostigamiento».
La activista pidió a la Administración de Nicolás Maduro, quien asumió su tercer mandato tras una cuestionada reelección, que haya «coherencia» entre lo que denuncia sobre los más de 200 migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador y lo que, según Rivas, hace con los políticos presos en Venezuela.
«Hablan del debido proceso, pero nuestros presos políticos, en muchos casos, sus familiares no saben siquiera cuáles son los cargos que les imputan ni cuál es el defensor público que les fueron asignados», afirmó Rivas, quien también denunció que muchos presos «han sido presentados en audiencias clandestinas incluso en los mismos lugares donde fueron torturados».
En nombre del comité, la joven también exigió que «se les garantice el debido proceso» a los migrantes encarcelados en El Salvador.
Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano -detenido el 30 de julio de 2024-, declaró que su esposo va a cumplir «ocho meses en aislamiento prolongado», tiempo durante el cual ha sido «violado todos sus derechos fundamentales». Silva expresó que le resulta «difícil» creer en el «discurso cínico» del chavismo, que acusa al Gobierno salvadoreño de tener a los migrantes «secuestrados».
«Mi esposo tiene ocho meses secuestrado en el Helicoide», expresó la mujer, quien dijo seguir «sin respuesta oficial ni de su estado físico ni de cuándo» podrá visitarlo.
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