Fiscalía solicita levantar secreto bancario de Pedro Castillo y 13 congresistas involucrados en el caso 'Los niños'
La Fiscalía de la Nación ha presentado una solicitud al Poder Judicial para levantar el secreto bancario del exmandatario Pedro Castillo y de 13 congresistas, en el marco de las investigaciones por presuntos delitos de organización criminal y corrupción relacionados con el caso 'Los niños'.
La solicitud del Ministerio Público ha sido presentada al despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, encargado de evaluar la procedencia de esta medida. Se ha programado una audiencia virtual para el próximo martes 8 de abril a las 3:00 p. m., en la que se determinará si se autoriza el levantamiento del secreto bancario de los investigados.
Según el Ministerio Público, este grupo habría operado bajo la dirección de Castillo, coordinando maniobras políticas en el Congreso a cambio de beneficios personales y control sobre entidades públicas. La investigación apunta a esclarecer la existencia de una red que habría negociado votos en el Parlamento para proteger al Ejecutivo de mociones de vacancia y censura.
Los congresistas incluidos en la solicitud de levantamiento del secreto bancario son Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero y Carlos Zeballos. Además, se ha incluido al exministro de Producción, Jorge Prado.
De aprobarse, la Fiscalía accedería a información detallada sobre las transacciones financieras de los implicados, lo que podría aportar pruebas clave para sustentar las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.
¿De qué se trata el caso 'Los niños'?
El caso 'Los niños' se refiere a una presunta organización criminal conformada por congresistas que habrían negociado sus votos en el Congreso para proteger al entonces presidente Pedro Castillo y su gabinete de mociones de vacancia y censura. A cambio, estos parlamentarios habrían recibido el control de ministerios y oficinas públicas descentralizadas, permitiéndoles influir en decisiones gubernamentales y obtener beneficios personales.
Según las investigaciones, esta red operaba bajo una estructura organizada en la que los miembros recibían ventajas y poder a cambio de su lealtad política, lo que habría permitido a Castillo y sus aliados mantener el control sobre varias instituciones y organismos del Estado.
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