El Supremo avala la decisión del juez Llarena de no aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación
El Tribunal Supremo (TS) cierra la puerta de la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont. La Sala de Apelación ha respaldado la decisión del magistrado Pablo Llarena de no amnistiar el delito de malversación por el que está procesado el expresident de la Generalitat. Está decisión deja al líder independentista a un paso de acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC) -una vez se resuelva el incidente de nulidad que planteará ahora y agote así la vía jurisdiccional- para intentar que el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido anule la resolución y obligue al Supremo a aplicarle la medida de gracia.
El auto del Alto Tribunal determina que la decisión del instructor no contraviene la voluntad del legislador, ya que la modificación de la ley introducida tras su trámite parlamentario contempla que la amnistía no será aplicada al delito de malversación cuando se hubiere actuado con un "propósito de beneficio personal de carácter patrimonial", lo que obliga al tribunal a interpretar esa excepción. Y, en este sentido, los recursos presentados en apelación por la abogada del Estado, por el Ministerio Fiscal, por Vox y por las representaciones procesales de Carles Puigdemont y Antoni Comín han sido desestimados
Puigdemont, por su parte, tiene previsto solicitar al TC que levante cautelarmente su orden nacional de prisión que le impide regresar a España, lo que obligará al Constitucional a pronunciarse antes de resolver sobre el fondo del asunto, incluso de manera exprés si admite una petición cautelarísima.
La Sala de apelación avala el criterio del juez Llarena al considerar que el concepto de "beneficio personal de carácter patrimonial" incluye "tanto el incremento de los activos patrimoniales como el no detrimento del pasivo". Así, considera que los investigados se beneficiaron patrimonialmente al impulsar personalmente "el proyecto político ilegal" y endosaron los gastos a la administración autonómica, sin que esa iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público.
Tampoco considera la Sala que su decisión y, por ende, la del juez instructor, sean "arbitrarias", ya que "no es en modo alguna contraria a ningún valor o principio constitucional". Y, al no existir parámetro de comparación, establece que el auto impugnado no hace una interpretación extensiva y en contra del reo del concepto "beneficio personal de carácter patrimonial", utilizado por la Ley de Amnistía. Finalmente, en este auto el Supremo considera "improcedente plantear en relación con este delito una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", por lo que también descarta en este momento procesal plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Respaldo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a Puigdemont
El pasado 10 de marzo, el Tribunal Supremo escuchó los argumentos de Carles Puigdemont para que se le aplicara la Ley de Amnistía que el magistrado Pablo Llarena le niega. En una vista ante la Sala de Apelaciones, su defensa intentó rebatir -con el respaldo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado- al instructor de la causa del "procés", que rechaza que la medida de gracia pueda amparar el delito de malversación por el que el expresident -huido de la Justicia española desde 2017- está procesado. Para el magistrado, la financiación del proceso independentista con dinero público supuso un beneficio personal para el líder de Junts equiparable a un enriquecimiento personal y, además, la tentativa soberanista puso en peligro los intereses financieros de la Unión Europea, dos supuestos excluidos del objeto de la polémica ley.
Durante su intervención, Ángeles Sánchez Conde, la "número dos" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reprochó al juez Llarena y a la Sala Penal (alineada con el instructor del "procés") el hecho de apartarse de una "multitud de resoluciones judiciales" previas. Asimismo, tachó de "sorprendente" que se defienda ahora que los responsables del proceso independentista en Cataluña actuaran al financiarlo con dinero público "para conseguir un beneficio patrimonial".
Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, defendió la falta de competencia del Tribunal Supremo para pronunciarse sobre este asunto, porque Puigdemont ya no es eurodiputado y el alto tribunal ya no es "el juez competente" en cuyas manos la Ley de Amnistía dejó su aplicación. "Nunca en ocho años de procedimiento -aseguró el abogado de Puigdemont y de Comín respecto al otro argumento para negar a ambos la amnistía- ni el magistrado instructor ni la Sala enjuiciadora consideró que había una afectación de los intereses de la Unión Europea".