México elegirá por primera vez a sus jueces mediante voto popular: ¿Es conveniente seguir este modelo en Chile?

Tras la aprobación de la reforma judicial el pasado 3 de septiembre, el próximo 1 de junio casi 100 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los próximos ministros de la Suprema Corte, jueces de distrito, magistrados de circuito y demás cargos federales y locales.  

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en la elección del Poder Judicial se cambiará desde las bases al Poder encargado de la justicia, ya que, también por primera vez, se seleccionará un Tribunal de Disciplina Judicial que evaluará el trabajo de quienes sean elegidos.

A fines de marzo, Sheinbaum declaró que “México será el país más democrático del mundo” porque su electorado votará a los tres poderes del Estado.

Mientras México se alista para una elección histórica y única en el mundo, nuestro país hace frente a una de las peores crisis del Poder Judicial desde el retorno a la democracia. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado constitucionalista y académico en la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, sostuvo que el sistema de elección de jueces que aplicará México “no es adecuado para Chile“.

“Es un modelo que se sostiene en la oferta que hacen los candidatos para obtener el voto de los ciudadanos. Por lo tanto, en momentos de crisis complejas, como la crisis de seguridad, esas propuestas se pueden polarizar y ser más extremas que en momentos de normalidad. Estaríamos expuestos a que esa propuesta de los candidatos rocen el populismo antes que sean propuestas serias que puedan ser ejecutadas por los jueces”, puntualizó.

No obstante, Jordán aseveró que el modelo de nombramientos de jueces en nuestro país debe ser corregido “en el diseño, equilibrio, freno y contrapeso entre los distintos poderes del Estado”.

En diálogo  con nuestro medio, el abogado y académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, detalló que la literatura comparada sobre la elección de jueces, particularmente de altas cortes como está ocurriendo en México, “es bastante consistente en señalar que no sólo no corrige la corrupción, sino que deja completamente a disposición de los poderes políticos, particularmente el Ejecutivo a la judicatura“.

En esa línea, Couso ejemplificó con el caso de Bolivia, quienes a través del voto popular eligen a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. “La ciudadanía ya tiene dificultades en identificar candidatos a parlamentarios, a alcaldes, elegir jueces en la práctica en Bolivia se ha traducido en que el partido dominante del Congreso presenta una lista y se somete a un sí o un no, y la ciudadanía suele decir sí porque tiene muy poca información“, puntualizó.

La reforma al Poder Judicial

El pasado 24 de octubre, y tras el escándalo público luego de que saliera a la luz el caso Audios y las redes de corrupción, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el gobierno judicial y crear un Consejo de Nombramientos Judiciales.

A seis meses de ingresada la iniciativa, durante esta semana la Comisión de Constitución de la Cámara Baja rechazó el artículo clave de la reforma: la norma que creaba el Consejo de Nombramientos Judiciales, pieza central del proyecto que busca modernizar el gobierno judicial y redefinir el rol del Presidente de la República en el nombramiento de jueces.

Consultado sobre la importancia de que el país avance en una reforma del sistema judicial para evitar que vuelvan a ocurrir graves hechos de corrupción dentro del mismo, Couso fue enfático en señalar que es “absolutamente crucial esta reforma, pero lamentablemente, en casi ningún país del mundo hay reformas importantes en un año electoral presidencial y de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, así que no lo veo, no lo veo ocurriendo por mucho que considere que es urgente”.

Por su parte, Jordán aseveró que: “Es muy relevante porque el año pasado tuvimos una crisis muy profunda. Recordemos que hubo un ministro cesado en sus cargos por tráfico de influencia y por arreglar sala u otras situaciones complejas. Por lo tanto, acá es necesaria una reforma, es necesaria una reforma pronto, es necesaria una reforma que equilibre los roles“.

“Los poderes del Estado ya sea el Ejecutivo, el Legislativo o Judicial para que puedan operar en un sistema democrático siempre requieren ser legítimos y eso significa que sean apoyados por los ciudadanos en el ejercicio de su poder. En el caso del Poder Judicial es relevante porque lo que se garantiza es el acceso a la justicia, una que sea justa y que sea  acorde a los casos. Por lo tanto, que no haya desigualdad, que no hayan privilegio y los casos que conocimos el año pasado al final fueron en un camino inverso a esto”, dijo.

Así, el académico de la Alberto Hurtado subrayó que “toda reforma en la justicia que garantice una personalización del acceso y la igualdad ante la ley que es un cambio necesario“.