El Consejo de Europa reprende a España por no modificar la elección del fiscal general para desligarle del Gobierno
El Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) advierte en un informe de evaluación conocido este miércoles que la relación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno es un asunto que sigue generando "preocupación pública" en relación con su percepción de independencia del Ejecutivo. Por todo ello vuelven a hacer hincapié en la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para revisar, entre otros aspectos, el sistema de nombramiento del cargo que ostenta Álvaro García Ortiz.
El GRECO se pronuncia de esta forma en su informe de seguimiento sobre las recomendaciones alcanzadas en diciembre de 2023 sobre España. En su introducción advierte que en el informe de junio se concluyó que España no había abordado ninguna de las 11 recomendaciones contenidas en el documento de diciembre del año anterior y que, por lo tanto, el nivel de cumplimiento de la recomendaciones era "globalmente insatisfactorio".
El primero de los puntos negativos que destacan es la presunta falta de transparencia legislativa en el Congreso de los Diputados. "La aprobación de legislación sobre los 'lobbies' sigue siendo una asignatura pendiente en España (...). Si bien el Código de Conducta del Parlamento establece mayores requisitos de transparencia para los parlamentarios, incluida la obligación de publicar sus agendas institucionales, la práctica mostró grandes discrepancias ", exponen.
"Grave preocupación" con el CGPJ
Del mismo modo, exponen que España tampoco implementó la recomendación del GRECO sobre una necesaria evaluación de la independencia real del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus sistema de modificación. Cabe recordar que son muchas las ocasiones en las que el Consejo de Europa ha insistido que se reforme el actual sistema para que los jueces elijan a los pares. Ante ello, sostiene que lamenta la falta de resultados positivos y se remite, de nuevo, a las normas del Consejo en relación con la elección de los jueces que componen los órganos de gobierno.
"El prolongado estancamiento en la designación del CGPJ (que estuvo cinco años sin renovarse por falta de acuerdo en los principales partidos) es motivo de grave preocupación, que debe abordarse con carácter prioritario", alegan.