“Pinchazo” a Crispi: Gobierno contiene coletazos y oficialismo acusa “intenciones políticas” detrás de las filtraciones

Nuevos coletazos se han generado en los últimos días alrededor de la polémica fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Esto, tras la información captada por la PDI al interceder el teléfono de Miguel Crispi, exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, en una llamada telefónica con su madre en la que se refirió a presuntas presiones de la exsenadora Isabel Allende para acelerar el proceso.

El caso ya ha generado la salida del gobierno de las ministras de Defensa y Bienes Nacional, Maya Fernández y Marcela Sandoval, respectivamente, además de la destitución de la senadora Allende, por lo que el Gobierno ha buscado tratar de contener más consecuencias.

Por ello, la vocera (s) de La Moneda, Aisén Etcheverry, debió abordar la postura del Gobierno respecto de las conversaciones de Miguel Crispi con su madre sobre eventuales presiones de la senadora Allende.

“Es una medida intrusiva que no es cualquiera y no nos corresponde a nosotros pronunciarnos respecto de sus justificaciones, eso es algo que le compete a la Fiscalía y a tribunales”, destacó.

“No nos corresponde como gobierno ni pedir explicaciones ni dar explicaciones por los actos que ellos determinan”, insistió Etcheverry. No obstante, aseguró que estas medidas intrusivas “requieren de una alta justificación” y “generan la preocupación, o al menos la pregunta de bajo qué circunstancias, cómo se explica”.

Dudas por filtraciones

Desde el oficialismo, el malestar se ha multiplicado por el actuar de la Fiscalía y lo que consideran una nueva filtración de una investigación penal que no debería haberse provocado, cuestionando el rol que ha tenido el fiscal Patricio Cooper en el caso.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó que se produjeran estas filtraciones y reconoció que hay una alerta porque “se naturalicen” estos actos. “Hay algunos antecedentes que sí parecen preocupantes cuando se vuelven una habitualidad pedir medidas intrusivas. Que incluso, según un Juzgado de Garantía, se asimilan al derecho penal de autor, que es básicamente extralimitarse de algunos elementos”, señaló la timonel de la colectividad del Presidente Gabriel Boric.

Incluso, la dirigenta dejó entrever su sospecha de que estas revelaciones tengan una intención política, dando como ejemplo las que afectaron a Irina Karamanos y Gonzalo Winter. “Al parecer estas filtraciones van solamente para afectar a un sector que ha demostrado una y otra vez no estar involucrado en estos casos”, sostuvo Martínez.

Su par del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó que tanto Miguel Crispi como Isabel Allende deban dar explicaciones públicas, sino más bien apuntó contra el “pinchazo”. Lo anterior, ante nacientes críticas desde la oposición por la falta de responsables en esta fallida compraventa de la casa de Guardia Vieja.

“Aquí la Fiscalía tiene que explicar por qué este pinchazo. Cuántas personas entonces tienen pinchazos en sus teléfonos, buscando en diálogos, afirmaciones, intercambios, parciales o imparciales, que sean el día de mañana posibles de construir”, comentó la cabeza del PC.

Postura similar a la del secretario general del PPD, José Toro, quién manifestó que “el Ministerio Público tendrá que justificar por qué se requirió esta materia”. “Para el Ministerio Público habría que tener harta responsabilidad en cómo estas conversaciones terminan después fuera de la investigación y del secreto propio de cualquier carpeta investigativa”, agregó.

Asimismo, Toro tuvo palabras para las contradicciones surgidas entre las versiones de la exsenadora Allende y a la de Miguel Crispi. “Yo tiendo sin duda a creerle a la palabra de la exsenadora Isabel Allende. Ella espera una aclaración, ojalá eso se pueda dar porque no se entiende esta filtración”, apuntó el dirigente.

A pesar de las dudas que han generado estas filtraciones en el oficialismo, la ministra Etcheverry aclaró que el Gobierno tiene “la posición de colaborar con la justicia, entregar todos los antecedentes y que sean los canales institucionales los que determinen las responsabilidades”.