La parcela de Altri recibió en 2019 fondos europeos para plantar 20 hectáreas de pino y mantenerlos dos décadas

Lo primero que tendrá que hacer Altri si su proyecto va adelante en la finca elegida para ello es acometer la tala de alrededor de 25.000 pinos que crecen en la parcela donde pretende construir su macrocelulosa. La plantación forestal en esa zona fue impulsada por la Xunta en 2019 con fondos europeos y el pago de una subvención de 37.121 euros a los propietarios de la parcela. Un informe del Servizo de Montes de la Xunta advierte ahora a los dueños que si venden a la empresa de matriz portuguesa tendrán que devolver la subvención.

El proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo) se asienta sobre un terreno propiedad de la familia del fallecido Leandro Quintás; ganadero, contertulio y terrateniente que durante años lideró el sindicato Unión Sindical Agraria Galega (USAG). Sus herederos han firmado con la empresa portuguesa un acuerdo confidencial de alquiler y opción de compra. Lo que ahora se sabe es que esa parcela se benefició de una ayuda europea para la plantación de pino del país que Altri tendría que talar si su proyecto va adelante y ejercita su opción de compra sobre la propiedad.

La Dirección Xeral de Montes de la Xunta ha elaborado un informe advirtiendo de la existencia de ese pago con dinero público y la necesidad de que la partida sea devuelta en caso de poner fin a la vida de esos árboles. En ese informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, se puede leer lo siguiente: “En caso de que finalmente se lleven a cabo las actuaciones planteadas en este proyecto, el beneficiario de la ayuda deberá reintegrar totalmente el importe de la subvención, debido al incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida”.

Y es que Europa condicionó el abono de dinero público a que la forestación impulsada en 2019 se mantuviese durante, al menos, 20 años. Mucho antes de que ese periodo se cumpliese, Altri llegó a Galicia y la Xunta le señaló esa finca para sus planes de instalar una macrocelulosa, ampliamente discutida en multitud de espacios políticos y sociales.

Así las cosas, el Gobierno gallego ha cambiado de idea sobre qué tipo de proyecto impulsar en esa parte del territorio gallego. Si hace solo unos años querían una gran masa forestal, ahora optan por un proyecto industrial que plantea serias dudas medioambientales en el corazón de la provincia de Lugo. A preguntas de elDiario.es la Xunta se pone de perfil con el siguiente argumento que firma el equipo de comunicación de la Consellería de Medio Rural: “El 98% del monte está en manos privadas, por lo que son los particulares quienes deciden, en función de sus intereses, acceder a estas ayudas y darle a sus terrenos el uso que permita la normativa vigente”. Galicia se gobierna sola.

La finca Ríoseco de la familia Quintas suma unas 250 hectáreas. Casi la mitad, 120, son las que necesita Altri para plantar su fábrica. En 20 de ellas crecen en estos momentos 25.000 pinos que sobran si el proyecto de la macrocelulosa sigue su curso.