El Parlament aprueba la creación de un 'cuerpo diplomático' únicamente catalán
Finalmente, el Parlament da luz verde a la creación de un cuerpo diplomático catalán. Después de que Esquerra Republicana tramitase la norma a principios del pasado abril, el pleno del Parlament la ha aprobado con los votos de los propios republicanos, el PSC, los comunes y la CUP. Así, a la controvertida red de embajadas que la Generalitat de Illa mantiene en el extranjero —y que durante el 'procés' se dedicaron a difundir el relato secesionista en el exterior—, Cataluña dispondrá de un cuerpo de funcionarios de Acción Exterior gracias a esta proposición, que plantea la modificación de la Ley de Acción exterior y de relaciones con la UE. Una norma que se ha aprobado por lectura única —mecanismo que atenta contra la pluralidad parlamentaria, según sus críticos— , y que, cabe recordar, ya empezó a fraguarse durante la legislatura de Aragonès.
Esta norma se ha topado con el rechazo frontal del Partido Popular y Vox, si bien Junts y Aliança Catalana también han mostrado sus reparos a ella —lo que les ha llevado a abstenerse en la votación—. Lógicamente, las razones aducidas por los primeros son radicalmente distintas a las de los segundos. Así, el 'popular' Hugo Manchón, que durante la tramitación de la norma ya criticó que supondría la creación de un "Estado paralelo", ha reprochado a los socialistas de mantener una "complicidad silenciosa" con los planes del separatismo, tachando de "falsa embajada" la configuración de este nuevo cuerpo. Mientras, el diputado de Vox, Alberto Tarradas, ha definido la creación del cuerpo como un "nuevo gesto de sumisión" del PSC al separatismo.
Los neoconvergentes, de su parte, han afeado al Govern que no se contase con ellos en la elaboración de la norma, señalando su diputado Francesc de Dalmases que "así no se hacen las cosas". Asimismo, ha subrayado que su formación no quería ser cómplice de un proyecto "mediocre". Mientras, la portavoz de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha justificado su abstención que responde a la voluntad de los socios del Ejecutivo de "repartirse cargos", recordando que el cuerpo no tendrá competencias reales y, por tanto carecerá de credibilidad internacional.