A diferencia de lo que sucede en el sector privado, a los servicios públicos no se les puede pedir rentabilidad económica, pero sí social, ser eficaces y competitivos en beneficio del contribuyente que los financia con sus impuestos. El borrador de la nueva ley de Universidades que redacta la Comunidad de Madrid apunta a un modelo de financiación que garantiza el gasto ordinario y extraordinario, pero que deja la puerta abierta a que los centros públicos logren partidas adicionales en función del cumplimiento de determinados objetivos. Nada más sensato, aunque incomode a una comunidad educativa que va a pasar de un régimen funcionarial –todo atado y bien atado, pagado de antemano y a repartir sin filtros– a un modelo marcado por la autoexigencia. Ningún servicio público, incluso los más esenciales, deberían ser ajenos a la búsqueda activa de la excelencia a partir del establecimiento de metas revisables, cada vez más adecuadas a las necesidades de la sociedad, y del examen de resultados.
