División oficialista por caso ProCultura: FA insiste en “espionaje”, pero PS y PPD exigen respetar a Fiscalía

Descartaron todo tipo de vínculo del Presidente Gabriel Boric y afirmaron que los dineros fueron rendidos conforme la ley. Así fue la línea de defensa que dibujaron desde el Gobierno y el Frente Amplio para blindar al Mandatario de cualquier responsabilidad respecto a las filtraciones del caso ProCultura y la arista por presunto financiamiento irregular durante su campaña presidencial.

Esto último fue revelado por la escucha de la Fiscalía a terceros: la secretaria y cofundadora de Procultura, Ilonka Csillag; la representante legal de esa fundación, Constanza Gómez, y una mujer identificada como “Lucía”. Ante un reclamo por pagos no realizados desde la Fundación, “Lucía” confesó que Alberto Larraín, fundador de ProCultura, le había señalado que gastó el dinero “en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”, según consignó Ciper Chile.

Razón por la cual el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, intentó interceptar el teléfono del Jefe de Estado. Una solicitud que fue denegada por la justicia, ya que Boric no figura como imputado ni como testigo en la causa.

Sin embargo, la controversia se agudizó por la filtración de una conversación privada entre Boric y Josefina Huneeus, exesposa de Larraín. Por dicha escucha, Huneeus presentó un recurso de amparo contra la medida intrusiva, ya que formalmente estaba direccionada hacia su expareja.

En el marco de su visita de Estado por Asia, desde Japón el Presidente Boric rompió el silencio y respondió una pregunta en relación al tema, llamando a dejar que la institucionalidad funcione y evitando realizar acusaciones. “Caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigarse. Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen”, declaró.

“No ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución y como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, pegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad”, afirmó.

Si bien Boric evitó hacer referencia a una “persecución”, desde el Frente Amplio, en contraste, reiteraron el argumento. Esta jornada, su presidenta, Constanza Martínez, insistió en la ilegalidad de esta escucha.

“Lo que nosotros estamos planteando es que si de todas formas se pincha una conversación informal con el Presidente y, además, esta información es otorgada a los medios de comunicación, entonces esa escucha es ilegal. Cuando las escuchas son ilegales, entonces se puede hablar de espionaje. Es algo que está determinado por nuestro sistema jurídico y lo que planteamos es la preocupación de que a través de información parcelada, de lo que llaman en otros idiomas el cherry picking, uno logra hacer una teoría del caso que no tiene nada que ver con la realidad”, sostuvo.

De la acusación frenteamplista se desmarcaron otros presidentes de partidos oficialistas. A juicio del timonel del PPD, Jaime Quintana, “no creo que se pueda hablar de espionaje en este momento, cuando recién se está haciendo pública una investigación que era reservada. Por lo tanto, estamos con elementos que son bastante preliminares en dicha investigación”.

Por su parte, Paulina Vodanovic, presidente del Partido Socialista, llamó a respetar la institucionalidad. “Yo he sido insistente en esto, en todos los casos judiciales independientemente de quienes sean, quienes aparecen mencionados, involucrados o en la calidad que corresponda creo que no podemos nosotros desde la política desvirtuar la institucionalidad, por lo que hay que ser respetuosos de eso”.

En tanto, desde la oposición reprocharon la defensa realiza desde el Gobierno, pero en particular desde el Frente Amplio, acusando que buscan intimidar a la Fiscalía. José Antonio Kast, líder y candidato presidencial del Partido Republicano, apuntó a que “hay una línea gubernamental de, primero, guardar silencio, defender la figura del Presidente y después una defensa corporativa cerrada, yo diría más de política de trincheras, que hace el Frente Amplio”.

“Nosotros lo que habríamos esperado de un grupo político que se jactaba de actuar de manera distinta, es decir, ‘que las instituciones funcionen’, pareciera ser que en el Frente Amplio tiene una mirada distinta y quieren interponerse a través de cualquier resquicio legal, están tratando de intimidar a aquellos que ejercen un rol de fiscalización en este caso los fiscales“, señaló.

Desde la oposición se encuentran en un estado de “reflexión” para, en los próximos días, notificar acciones a seguir.