Crisis política en Guatemala: paralelismos entre 2015 y el presente
Han pasado 10 años desde la crisis política de 2015, la que originó la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Actualmente, existe inestabilidad en el Gobierno, similar a la administración del extinto Partido Patriota (PP).
Por qué importa. Los patrones de inestabilidad, desconfianza institucional y fractura del gobierno con la ciudadanía parecen repetirse. Independientemente de que ambas gestiones, PP y Semilla, distan ideológicamente.
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Ambas gestiones buscaban recuperar la credibilidad de los guatemaltecos en la administración pública. La de Pérez fracasó tres años y medio después de tomar posesión.
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El presidente, Bernardo Arévalo, en lo que va de su mandato, no ha logrado consolidar dicha confianza. Todo lo contrario: los índices de aprobación reprochan sus decisiones.
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Arévalo inició su presidencia entre manifestaciones y bloqueos; escenario similar al que se vivió en 2015, cuando se provocó la renuncia de Pérez y Baldetti.
Entre líneas. Al igual que en 2015, el binomio presidencial está conformado por hombre y mujer.
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En 2024, dos ministras fueron destituidas. Resaltan María José Iturbide, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Jazmín de la Vega, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
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Iturbide fue el primer relevo que hizo Arévalo. La razón: mal uso de los recursos del Estado. A diferencia de la titular del CIV, que fue dada de baja –supuestamente– por no seguir las instrucciones del presidente para el pago de empresas constructoras.
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En el primer año de Pérez (2012) dimitieron los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), Harold Caballeros, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Efraín Medina.
Sí, pero. En los primeros meses de ambas gestiones, el oficialismo se fraccionó y perdió fuerza en el congreso. Es decir, la oposición se fortaleció. Sin embargo, antes de que sucediera, lograron alianzas para la aprobación de leyes promovidas que promovían.
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La Ley contra la Corrupción (LCC) fue aprobada en octubre de 2012 con 120 votos. En 2024, el oficialismo impulsó la Ley de Competencia (LDC), que recibió 122.
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Ambas estuvieron engavetadas por años, hasta que fueron “empujadas” por el partido oficial. La LDC alcanzó hasta ocho, mientras que la LCC, una década.
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Los dos gobiernos, hasta cierto punto, giraron alrededor de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP). Molina por la corrupción de La Línea y Arévalo por el Caso Semilla.
En conclusión. Pérez tenía la potestad legal de destituir a la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana. A partir de esa crisis política, en 2016 se reformó la ley orgánica del ente investigador.
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Esta es la razón que hoy impide que Arévalo pueda remover a la fiscal María Consuelo Porras. Una promesa de campaña que, al parecer, nunca se concretará.
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Hasta la fecha continúa la investigación contra Semilla. Lo más reciente fue la solicitud del acuerdo de nombramiento de Arévalo como presidente.
