Las estadísticas evidencian que la subida de un 60 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional por parte del Gobierno ha conseguido precarizar a los trabajadores más vulnerables en lugar de mejorar su situación, que debería ser el objeto de la medida. Hemos conocido que desde 2019, la imposición de la subida de sueldos ha afectado a las contrataciones de empleadas del hogar hasta perderse 70.000 puestos de trabajo, un 19 por ciento de los que había. Muchos de esos empleos, sostenidos por familias sin abundantes recursos o por pensionistas necesitados de cuidados, se han perdido y otros han pasado a la economía sumergida con empleadas en situaciones más precarias. Una situación similar se ha vivido en el entorno de los trabajadores del campo. Como en el caso de la vivienda, donde las medidas contra los propietarios han terminado dificultando el acceso al alquiler de los más vulnerables, las medidas del Gobierno, más inspiradas en dogmas ideológicos que en el realismo económico, terminan poniendo en situaciones desfavorables a quien deberían justamente proteger.
