El TSJ ordena a la Mesa de las Cortes reponer en su puesto a la funcionaria que denunció acoso del letrado mayor

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nula de pleno derecho la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada el 10 de julio de 2024 por la Mesa de las Cortes regionales, que permitía que la Jefatura del Servicio de Gestión Administrativa pudiera ser ocupada por personal de la Escala de Ingeniería, además del Cuerpo Técnico, dando así la razón a la funcionaria que denunció por acoso al secretario general y letrado mayor, Marcos Herrero. El fallo de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, también anula la convocatoria y adjudicación de ese puesto a un funcionario de la Escala de Ingeniería y ordena la restitución de la funcionaria cesada en su puesto en régimen de adscripción provisional, según la información del Gabinete de Prensa de Alto Tribunal Castellanoleonés recogida por Europa Press. La sentencia considera que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la convocatoria posterior «se han dictado con la finalidad de eludir el cumplimiento del fallo de la sentencia», que ya había declarado nulo el cese de la funcionaria en mayo de 2022. El tribunal subraya que «no se explica, más allá de que con ello se pretende eludir el cumplimiento de la sentencia, la modificación de la RPT para que pueda participar en la convocatoria para cubrir el puesto de Jefe de Servicio de Gestión Administrativa el que ya fue nombrado en adscripción provisional y después al resolver la convocatoria». El auto establece que la Mesa de las Cortes de Castilla y León es el órgano responsable de la ejecución de la sentencia y ordena notificar personalmente esta decisión a su presidente. La Sala recuerda que «el órgano responsable de la ejecución de la sentencia es la Mesa de las Cortes, como órgano rector de la institución», y no la Secretaría General, como sostenía la parte ejecutada. Además, el tribunal acuerda remitir testimonio de particulares al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid para que se investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de responsabilidad penal. «Constando que existen las Diligencias previas no 1321/2024 del Juzgado de Instrucción no 4 de Valladolid, por hechos relacionados en el presente auto y a efectos de que se pueda dilucidar si se ha incurrido en responsabilidad penal, procede acordar la remisión de testimonio de particulares al referido Juzgado», señala la resolución. Por último, la Sala impone las costas del incidente a la parte ejecutada y recuerda que contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación. Las diligencias a las que hace referencia el TSJCyL y que se siguen en Instrucción número 4 de Valladolid fueron abiertas a raíz de la denuncia de la citada funcionaria que fue revocada en su puesto de Jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes y que acusó al secretario general y letrado mayor de dicha institución, Marcos Herrero, por acoso laboral, investigación que tendrá un nuevo capítulo el día 5 de junio cuando declaren como testigos los integrantes de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León.